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jueves | 25 abril | 2024
El alcalde de Sada, Ernesto Anido, teme que se vea obligado por la justicia a ordenar el derribo de la urbanización Porto Brasa, situada en Fiunchedo.
El mandatario local, acompañado por un técnico especializado en Urbanismo y el representante jurídico del Ayuntamiento, se reunió con los propietarios de las quince viviendas sobre las que pesa una sentencia judicial de derribo.
El regidor, en el encuentro, informó a los afectados de las dos últimas resoluciones judiciales recaídas el pasado mes de julio, por las cuales el Ayuntamiento está obligado a la revisión de oficio de la licencia de legalización del año 2005, anulada en su día por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y desestima el recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento contra el auto que declaró la no ejecutabilidad de la sentencia.
Anido también les comunicó que se ha solicitado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras ser desestimado el de reposición y que en estos momentos se está a la espera de la admisión o no de recurso.
“Las irregularidades en la construcción de la urbanización, construida por la promotora Gervasio Carballo e Hijos, es una muestra más de las decisiones urbanísticas irresponsables durante el gobierno de Rodríguez Ares”, apuntan fuentes municipales, al tiempo que indican que supone un problema más de los generados por políticas urbanísticas negligentes reiteradas a lo largo de años de mandato.
“Ares tendrá que dar explicaciones a los propietarios afectados debido a la extorsión causada”, añaden desde el Ayuntamiento.
Anido afirma que ratifica su compromiso con los afectados “desde el estricto cumplimiento de la legalidad” en la búsqueda de soluciones para un problema, según él, heredado.
Cabe recordar que los problemas en Porto Brasa se derivan a una denuncia que, en 2003, interpuso un vecino contra una actuación urbanística que fue aprobada en el año 2000, con el gobierno del entonces alcalde, Ramón Rodríguez Ares.
Como consecuencia del proceso judicial que se había iniciado, una sentencia del TSXG con fecha de 22 de noviembre de 2008 anulaba la urbanización.
En concreto, se anuló tanto el instrumento de planeamiento urbanístico adoptado para la zona (un Estudio de Detalle aprobado por el pleno de 24 de noviembre de 2000) como la licencia de obras, que fue otorgada por la comisión municipal de gobierno el 11 de diciembre de 2000 a la entidad promotora.
El gobierno local de aquel momento no se personó en el proceso judicial iniciado por el particular y en el que también se supo que los trabajos realizados hasta entonces no se ajustaban a la licencia de obras concedida.
El alto tribunal gallego ordenó en 2010 al ejecutivo local la ejecución de la sentencia, que de llevarse a cabo tal y como decía el fallo judicial, conllevaría la demolición de las quince viviendas afectadas, siendo responsabilidad de la promotora. n
