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martes | 16 abril | 2024
La Red Agua Pública (RAP) y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) manifestaron ayer su apoyo al Ayuntamiento de Arteixo en el proceso de municipalización del agua y en su conflicto con Aqualia, denunciando la “obstrucción” y las “amenazas” de la empresa al Ejecutivo local.
Alegan que el traspaso de titularidad del servicio “ha sido obstruido y judicializado por parte de Aqualia con el ánimo de eludir sus responsabilidades” y recuerdan la sentencia de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), donde “quedó claro judicialmente que la multinacional fue la responsable de la disolución de la empresa mixta al incumplir el plan de inversiones formulado en el expediente de adjudicación del contrato, lo que ocasionó un deterioro drástico del estado de las instalaciones municipales”.
Las entidades critican que, durante la privatización del servicio de aguas –el Ayuntamiento adjudicó el contrato a Aqualia y se constituyó la empresa mercantil mixta Augarsa–, en 2005, se subcontrataron obras a empresas del grupo de la adjudicataria a precios “superiores a los de mercado, de forma que del importe total de obras realizadas por Augarsa, el 92,26% fue contratado a firmas vinculadas a Aqualia con unos precios sobrevalorados entre el 25% y el 245%”.
Resolución inmediata
La Red Agua Pública y Aeopas esperan que se resuelva “inmediatamente” el impase judicial que ha surgido recientemente en el juzgado número 4 de A Coruña y se solidarizan con el proceso de remunicipalización del agua en Arteixo, apoyando al ayuntamiento en la defensa de sus competencias.
Las asociaciones se muestran “sorprendidas” del último episodio del conflicto, en el que la misma jueza que ordenaba a Aqualia indemnizar al municipio con 12,8 millones de euros por su “mala gestión” del agua entre los años 2005 y 2013 comunicó su intención de anular la sentencia.
La magistrada, Rosa Agrasso, señaló pocos días después de emitir su dictamen que “por error informático” se notificó un “primigenio borrador” y no la sentencia, por lo que procede “tramitar la nulidad de la sentencia enviada”. También añadía que “se deja en suspenso la eficacia de la sentencia”, por lo que el Gobierno arteixán manifestó encontrarse en “estado de indefensión” y estudia pedir amparo al Tribunal Constitucional.
“Aqualia no ha dudado en amenazar al alcalde de Arteixo con demandarlo si sigue defendiendo la gestión pública del agua en otros municipios", denuncian las entidades.
