El pleno de Arteixo apoya que se doblen las subvenciones para emergencia social

El pleno de Arteixo apoyó, con la abstención de los grupos municipales del BNG y TeGa, que se dupliquen las subvenciones para emergencia social.
Así, las familias del municipio que soporten necesidades económicas podrán optar a ayudas de hasta 3.000 euros anuales, cuando hasta ahora tan solo podían percibir 1.500 durante el mismo período.
El Partido Popular y el Partido Socialista aprobaron la nueva ordenanza de servicios sociales y las bases reguladoras de las ayudas a la movilidad.
La mencionada norma tendrá un período de exposición pública de un mes tras su aprobación en el pleno y no entrará en vigor antes de dos.
Según fuentes municipales, se consideran situaciones de emergencia aquellas que originan gastos extraordinarios para cubrir necesidades de carácter básico y urgente: gastos de alimentación, vestido, atención sanitaria, formación e inserción sociolaboral, y otras de análoga naturaleza no cubiertas por los diferentes sistemas de protección social, como pagos relacionados con la vivienda.
Se trata de una prestación económica de carácter extraordinario y pago puntual, destinada a paliar situaciones de emergencia de personas con hogares independientes afectados por un estado de necesidad.

sostenibilidad
El pleno también aprobó ayudas a la movilidad. El equipo de gobierno, que preside Carlos Calvelo, fundamenta esta iniciativa en un informe del departamento de Servicios Sociales, en el que se explica que las subvenciones son competencia del Ayuntamiento ya que se destinan a personas en riesgo de exclusión social. Cuenta con una partida presupuestaria de 75.000 euros.
El equipo de gobierno afirma que concede este tipo de ayudas porque considera que de lo contrario dejaría de prestarse un servicio a un colectivo de personas que lo necesita.
“Creemos que con estos informes podemos continuar con las ayudas porque existe base legal para prestarlas”, dijo el alcalde.
Asimismo el pleno debatió sendas mociones del PSOE y del BNG relativas a una reforma de la Constitución para reconocer el derecho a decidir el modelo institucional del Estado, además de exigir transparencia en la gestión municipal y sobre la celebración de fiestas populares.