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miércoles | 24 abril | 2024
El Pazo de Meirás regresa este año a la campaña electoral gallega y, si en la anterior el protagonismo lo tuvo una demanda de la familia Franco por supuesta vulneración del derecho al honor y a la propia imagen en un programa de televisión, esta vez el juicio por su propiedad copará los titulares en la última semana de los comicios del 12 de julio.
El juzgado de Primera Instancia número 1 coruñés acogerá desde el lunes, 6 de julio, y durante toda la semana el juicio sobre la propiedad de la residencia de verano de Franco y que fue objeto de multitud de reclamaciones desde Galicia para que sea integrada en los bienes del Estado.
La Abogacía del Estado presentó hace casi un año una demanda contra los herederos de Franco por la propiedad del pazo, en la que sostiene que la compra del este inmueble por parte del dictador en 1941 fue “simulada” y “fraudulenta”.
Alegatos
El Estado y los letrados de la familia Franco se enfrentarán en sede judicial con sus respectivos alegatos para defender sus posiciones, que en el caso de los herederos se fundamentan en que han poseído como dueños “hasta hoy”, de “buena fe” y “con justo título” el inmueble en el que no se hicieron inversiones a costa del erario público.
El pasado 31 de enero se celebró la audiencia previa al juicio, en el que fueron desestimadas las alegaciones complementarias de los abogados de la familia Franco sobre la propiedad del pazo y la primera de la Abogacía del Estado relativa a demostrar que otras administraciones, aparte del Ayuntamiento de A Coruña, aportaron dinero al mantenimiento del inmueble por no ser “complementaria” y porque tenía que haberse presentando en la demanda.
Los títulos de la propiedad, la existencia de usurpación y su duración aplicable a este caso de diez o treinta años, las fincas colindantes al pazo, los recibos abonados en su mantenimiento y los gastos relativos a la explotación agropecuaria, así como las inversiones en el inmueble, fueron los puntos en los que se centraron dichas alegaciones.
Los Franco niegan que la compra de Meirás fuera “simulada y fraudulenta”, como sostiene la Abogacía del Estado que dice que el título de 1941 se hizo para “subsanar una situación anterior” de 1938 con un “pago ficticio”.
Argumenta la demandante que un acta notarial de 1938 confirma que la propiedad ya era residencia de verano del entonces jefe del Estado, y detalla que la compra se realizó en agosto de ese año por la “Junta pro Pazo del Caudillo” por 400.000 pesetas a los herederos de Pardo Bazán.
