jueves 3/12/20

La oposición cree que los informes ratifican irregularidades en el transporte adaptado

La ordenanza municipal que regula cómo se tiene que prestar el servicio de transporte adaptado, recoge y explica la figura del acompañante.

La oposición reclama que el Ayuntamiento regularice el transporte que efectúan los taxis	quintana
La oposición reclama que el Ayuntamiento regularice el transporte que efectúan los taxis quintana

La ordenanza municipal que regula cómo se tiene que prestar el servicio de transporte adaptado, recoge y explica la figura del acompañante. Si Arteixo oferta el mismo y no ha cambiado la normativa, entonces, tiene que haber un monitor y tras leer “el informe de la técnico de Servicios Sociales y el de la secretaria municipal confirman la obligatoriedad”, resume Rosario Figueiras, de Terra Galega. Un punto en el que coinciden también desde el PSOE y el BNG.
La concejala expone dos puntos principales. En primer lugar, destaca que la técnico reconoce que “en 2002 hay acompañante porque es transporte adaptado”. Menciona el mismo documento que la Xunta puso en marcha el 065, y “ante la imposibilidad de que gestionase todo la Xunta, Arteixo lo asume y se adapta la ordenanza municipal, en donde se habla del acompañante”.
La secretaria afirma que no le consta que se preste este servicio de en Arteixo y desde Servicios Sociales “hablan de una nueva modalidad” desde agosto de 2013, cuando comenzaron a operar los taxis. Pero, la normativa local “está adaptada a la autonómica”. Entonces, se pregunta la edil, “¿qué tipo de servicio es ahora?, ¿se descuida a algunos usuarios o a grandes dependientes?, ¿hay seguridad para los taxistas y para las personas que lo utilizan?”. Dicho esto, también recuerda que la misma técnica en un informe presentado el “15 de mayo de 2013, habla de qué servicio debe darse y asegura que con acompañante”.

Dependencia
La nacionalista Silvia Seixas explica que si bien, tal y como se recoge en el informe de Secretaría, “o Concello non ten que prestar o servizo. O Fai desde o 2000 e queremos que o faga”, pero recuerda que el transporte adaptado lo utilizan personas con grado de dependencia reconocido. Exige en primer lugar, y como punto central de la problemática suscitada desde que los taxistas lo asumieron, que el Ayuntamiento “cumpra a lei de contratos administrativos porque é a única garantía para os taxistas e os usuarios”. Añade que en estos momentos están en una situación “irregular e pode ter consecuencias xurídicas. Os máximos interesados deberían ser os taxistas en que se regularizase”.
“É unha imprudencia e unha insconsciencia por parte do Concello”, lamenta Seixas. Ante los informes, indica, subraya que “a concelleira de Servizos Sociais mentiu, porque dixo que non se necesitaba acompañante e o decreto da Xunta o marca. Claro que o de mentir é algo xenético do PP”, ironiza.
Reitera que desde agosto, el servicio se paga “con reparos suspensivos de Intervención”, al tiempo que menciona que si el informe menciona que el servicio a través de taxis “é unha experiencia piloto, entón, se non hai procedemento adminsitrativo, que experiencia é esa?” y reprocha los “moitísimos incumprimentos” que se están dando en el servicio.
Por su parte, Martín Seco (PSOE) cree que los informes son una “huida hacia adelante de la secretaria y la técnico, porque la ordenanza del transporte adaptado sí dice que hay que tener un acompañante”. El socialista continúa en una línea similar a Figueiras y Seixas cuando afirma que se trata de una “irregularidad absoluta” el método que se está empleando.
“Les dije que, mientras sacaban una nueva ordenanza para los taxis, que sacasen un contrato por unos meses”, asegura Seco. Cree que el gobierno lcoal quiere un “servicio concebido como en otros municipios, en los que la subvención se le da por bonos a los usuarios, que es más cómodo, pero entonces no es un servicio de transporte adaptado”. Asegura que no entienden la “manera tan ineficaz, con reparos continuos” en los que se está gestionando este asunto y, como el resto de la oposición entiende que es una “ilegalidad absoluta”, concluye.

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