9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denuncia que el Partido Popular está presionando a la magistratura para que se dilate un proceso judicial abierto contra él en el año 2006, en el que se le acusaba presuntamente, entre otros delitos, de prevaricación, abuso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Según el regidor, el fiscal Juan Aguirre Seoane emitió un informe el pasado día 16 de marzo en el que se indica que los citados delitos que se atribuían al imputado no aparecen suficientemente justificados (...) por lo que se interesa que se acuerde el sobreseimiento provisional de la causa.
Seoane asegura que tras la emisión de este informe de la Fiscalía el juez encargado del caso debería haber emitido ya una sentencia de absolución, pero que el PP está presionando, con la petición de más documentación, para que la citada sentencia no se haga pública hasta después de las elecciones de mayo.
Estoy muy contento pero quiero que se me restituya todo mi honor por el gran daño que se me causado a mí y a mi familia, dijo Seoane, que se mostró dispuesto a acudir a los tribunales para denunciar a todos aquellos que, según él, se sirvieron de todos los medios posibles para difundir informaciones falsas y denigrar su persona.
Investigación > Las causas por las que la Fiscalía investigó desde 2006 a García Seoane fueron tres principalmente: intervención en decisiones administrativas que podían afectar a intereses personales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y análisis de actuaciones urbanísticas en particular.
En el primer caso Aguirre Seoane afirma que Seoane no incurrió en responsabilidad penal, porque el incumplimiento de las normas administrativas que regulan el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y el incumplimiento del deber de abstenerse no constituye, por si sólo, infracción penal.
Respecto al supuesto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, el fiscal indica que la adquisición de terrenos por parte del imputado, de forma esporádica, no puede equipararse a una actividad profesional. Además señala, en el informe, que la citada actividad profesional tiene que realizarse bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares y que, en este caso, Seoane adquirió una serie de fincas en interés exclusivamente propio.
El letrado también realizó un análisis de las actuaciones urbanísticas de Seoane y señala que, desde un punto de vista penal, no puede equipararse una completa información sobre las expectativas de beneficio en un negocio, que procura todo aquél que invierte un capital, con un abuso de información privilegiada. Asimismo exime el fiscal, al alcalde, de un supuesto delito de tráfico de influencias para incrementar la densidad de viviendas en el núcleo de As Galeras.
Por último, tampoco le consta a Aguirre Seoane que el mandatario local hubiese ejercido alguna influencia para que se realizase una revisión de la clasificación de una finca de su propiedad ubicada enfrente del polígono industrial de Iñás.
