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sábado | 20 abril | 2024
El Gobierno de Oleiros ha logrado los terrenos para ampliar el carril bici en el tramo que va del pazo de Arillo hasta la carretera del cementerio de Maianca, una obra que servirá para conectar de forma íntegra la senda ciclista desde Santa Cruz hasta Mera.
El concejal Pablo Cibeira confirmó ayer la adquisición, por 210.000 euros, de 1.652,65 metros cuadrados, para acometer la construcción de un trecho de aproximadamente 300 metros.
El proyecto se contratará en los próximos meses y forma parte del carril bici que une los núcleos de Mera y Santa Cruz, y atraviesa Dorneda, se integra dentro de la red metropolitana que patrocina la Diputación de A Coruña y que se pretende alcance los 70 kilómetros de longitud entre los municipios de A Coruña, Cambre, Culleredo, Arteixo y, por supuesto, Oleiros.
La actuación se realizará a través de un convenio con la Xunta. Dado que la carretera es de titularidad autonómica, el Gobierno gallego financiará al 90% las obras, haciéndose cargo del 10% el Ayuntamiento oleirense, que aporta los terrenos. Desde el Ejecutivo de Ángel García Seoane apuntan que en los próximos días se procederá a la firma del convenio.
CEIP Luis Seoane
Por otra parte, el Ejecutivo oleirense afirmó ayer que exigirá ver el expediente del caso del CEIP Luis Seoane, en el que la directora fue “obligada”, dicen, a dimitir tras producirse el olvido de un niño en un autobús escolar. Desde Oleiros defienden que se trata de una “magnífica docente” y un ejemplo en su trabajo y piden que se “depuren responsabilidades” en la empresa de transportes –que ya ha despedido al monitor en cuestión–.
Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, vinculó la dimisión con la “pérdida de confianza” y descartó que esté relacionado con el olvido del menor. “La directora no tuvo responsabilidad en el abandono del niño, sí responsabilidad en no haber avisado en tiempo, forma y plazo”, defendió.
Por otra parte, el titular de Educación instó a respetar “las decisiones de los funcionarios públicos”. Preguntado por los medios de comunicación por si no hay marcha atrás en la decisión, como piden desde la comunidad educativa del centro, respondió que sería como decir “a un funcionario que su decisión puede estar sometida a presiones políticas”.
