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jueves | 25 abril | 2024
Los Pita se han querellado contra al Ayuntamiento de Betanzos en demanda de los casi 86.300 euros comprometidos por el anterior gobierno local en concepto de indemnización por lucro censante, una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica, en este caso por el cierre del Alfonsetti.
La administración municipal, después de varios meses negando la existencia de comunicación oficial alguna, ha confirmado la denuncia por parte de los antiguos arrendatarios del cine Alfonsetti. Esta posibilidad, apuntada desde la familia hace un año, coindidiendo con la apertura de la sala para actos del Festival Santa Cecilia, no ha impedido que el gobierno local continúe trabajando en el diseño de una programación estable para la sala, integrada en el Complejo Cultural de Santo Domingo. x.
El Ayuntamiento
de Betanzos confirma la denuncia de los antiguos inquilinos
El alcalde, Ramón García Vázquez, nunca negó la existencia de “problemas de tipo jurídico”, si bien siempre ha insistido en que estos “no tienen ningún tipo de relación con la disponibilidad del inmueble”, en tanto la rehabilitación fue ejecutada y recepcionada por el Ayuntamiento de Betanzos, e incluso la devolución del aval de garantía presentado en su día por la constructora fue acordada por los órganos de gobierno, por lo que, a estas alturas, el obstáculo para abrir el Alfonsetti de forma habitual sería la falta del equipamiento audiovisual necesario, para cuya instalación han solicitado apoyo a la Diputación de A Coruña que, de momento, no ha atendido su petición, y ha otorgado una ayuda de poco más de 3.000 euros para todas las actividades de Cultura.
El Ayuntamiento de Betanzos dijo que respeta “las decisiones e los opiniones de los representantes de la familia y su derecho a emprender las acciones que crean oportunas para defender lo que consideran son sus legítimos derechos”, reiteró García.
Los inquilinos justifican su demanda en un compromiso firmado con fecha de con fecha de 20 de noviembre de 2009, entre Jaime y Emilio Pita Varela, y la entonces alcaldesa, María Faraldo, para pagar el “lucro cesante”.
