domingo 20.10.2019

Los nacionalistas defienden su actuación “moi escrupulosa” en materia urbanística

Las acusaciones vertidas por algunos de los afectados por el próximo desalojo del número 48 de la avenida de la Marina han sorprendido a los nacionalistas, tanto a los miembros del grupo municipal del BNG como a la nueva formación nacionalista
El domingo expira el plazo para desalojar el edificio	javier alborés
El domingo expira el plazo para desalojar el edificio javier alborés

  Las acusaciones vertidas por algunos de los afectados por el próximo desalojo del número 48 de la avenida de la Marina han sorprendido a los nacionalistas, tanto a los miembros del grupo municipal del BNG como a la nueva formación nacionalista, ANS, formada precisamente por exmiembros del Bloque y en la que figuran, entre otros, la exedil de Urbanismo durante el pasado mandato, María Xosé Carnota.

La Asamblea Nacionalista de Sada, quien ya había mostrado su sorpresa por el hecho de que no se culpara directamente a “os responsables da demolición”, en referencia al actual primer teniente de alcalde, Ramón Rodríguez Ares y al concejal de Obras, Emilio Gómez López –que fueran regidor y edil de Urbanismo, respectivamente, en el momento en que se construyó el edificio–, recordó que el mandato 2007-2011 en que nacionalistas y socialistas estaban en el poder se caracterizó por ser “moi escrupuloso” en materia de legalidad urbanística.

Así, no entienden que los afectados por el desalojo –cuya fecha límite expira este domingo, día 20– “semellen esquecer que o goberno anterior únicamente cumpríu coas súas obrigas de repoñer a legalidade urbanística” que fue, aseguran, “alterada flagrantemente por un promotor”.

En este sentido, nombran al responsable de la empresa Carpa Sada SL, que contó, insisten, “coa complicidade e permisividade escandalosamente ilegais do anterior alcalde, Rodríguez Ares.

Por registro > Lo que también les llama “poderosamente a atención” es que los vecinos del inmueble –en el que, por orden judicial, hay que tirar las dos plantas superiores–, “esquezan o feito de que era público e notoria a existencia de graves ilegalidades no edificio e que mesmamente figuran anotadas rexistralmente”.

Es decir, que “o conxunto dos afectados saben desde fai anos que existia unha orde de demolición dunha parte da edificación”, así como que conocían igualmente, sostienen, “que a única posibilidade de legalizar o edificio era, e segue sendo, a demolición do indebidamente construido”.

Asimismo, ANS recuerda que, al igual que lo saben los afectados, “nunca” se podrán escriturar estas viviendas, así como tampoco cancelar las cargas “mentras non se repoña a legalidade e se legalice o edificio”.

En este aspecto recordaron las palabras del alcalde, Ernesto Anido, quien hace unos días reconocía que la regularización de este inmueble a través del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) era inviable por un tema de plazos, ya que no se puede posponer una decisión judicial. “O alcalde xa dixo que a legalización vía PXOM non é a solución”, subrayan, por lo que insistieron en que acatar la orden del juzgado es la única forma de reponer esa legalidad urbanística en la avenida de la Marina.

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