10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
El convenio suscrito entre la Xunta y los propietarios del pazo de Meirás, la familia Franco, incluye el pago por parte de la administración autonómica de un tope de 23.000 euros en seguridad para “minimizar os riscos de deterioro do inmoble”, tal y como se recoge en el escrito que desde el Ejecutivo gallego se ha remitido al Valedor do Pobo tras la queja que éste recibió en su día procedente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH).
Dicha queja se envió en septiembre de 2011 y el motivo no era otro que protestar por la decisión de la Xunta –a través de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural– de cerrar al público en el mes de agosto y suspender durante ese tiempo las visitas guiadas que tenían lugar todos los viernes desde que comenzaran el 25 de marzo del pasado año.
Una decisión, la de no abrir esas cuatro semanas –la Xunta alegó que eso supondría un gran incremento en los gastos de seguridad ya que los Franco se encontrarían en el pazo de vacaciones–, que, a juicio de la CRMH, “non está prevista na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia”.
La consellería justifica el gasto en la necesidad de “minimizar os riscos de deterioro do inmoble”
Tras recibir la queja de la comisión, el Valedor solicitó un informe a la entonces Consellería de Cultura –hoy integrada en la de Educación– para conocer exactamente los motivos de dicho paréntesis en las visitas en verano. La Xunta señala que, en virtud del convenio firmado con los propietarios del inmueble, la administración pública “comprométese a asumir os custos derivados do desenvolvemento de visitas guiadas e do establecemento das condicións de seguridade axeitadas” con el anteriormente citado objetivo de minimizar los riesgos de deterioro del inmueble, “co límite total de gastos de 23.000 euros”.
La CRMH añade en el comunicado que hizo público ayer que el cierre de Meirás también se explica viendo que en el convenio “recóllese que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural poderá dispensar do cumprimento da obriga de apertura para visitas públicas, de forma puntual e excepcional, en atención ás circunstancias concorrentes”, siempre y cuando, subraya el documento, “entenda que existe causa suficientemente xustificada para iso”.
Y así al parecer lo entendió la Xunta al analizar el informe elaborado por la empresa de seguridad que gestiona las visitas, en el que proponía “suspendelas” durante los días “en que a familia estivera aloxada no pazo pola imposibilidade de garantir a seguridade da mesma”.
Sobre el futuro de estos recorridos por el Pazo de Meirás, Cultura le indicaba al Valedor do Pobo que estaba en tramitación “un convenio similar nas mesmas condicións de visita que durante o ano pasado”.
Reabrió hace un mes > Hay que recordar que ese convenio ya se puso en marcha hace pocas semanas –el Viernes Santo, día 6 de abril–, después de que el inmueble propiedad de la familia del dictador permaneciera cerrado casi cuatro meses.
Para la CRMH, este nuevo acuerdo –que podría calificarse, según apuntaba la propia Xunta al referirse a él como algo similar, como una prórroga del anterior– “confirma a xusteza” de sus “reiteradas denuncias” tales como que el Ejecutivo autonómico “está ao servizo dos intereses da familia do ditador Franco, pechando o pazo de Meirás para facilitar as súas vacacións”, lo que, en opinión de esta entidad, significa que se esté “incumprindo a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia”, que contempla, entre otras cosas, que todos los edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) tienen la obligación de abrir al público un mínimo de cuatro días al mes, sin contemplar esa opción de cerrar un mes completo.
