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martes | 16 abril | 2024
El gobierno local dio ayer a conocer una de las consecuencias que, para el bolsillo de todos los sadenses, supuso la instalación de un sistema de desinfección en la Estación Depuradora de Aguas Residuais (EDAR) de Sada, una actuación que en el año 2009 costó a la Xunta un total de casi dos millones de euros y que, según se desprende del informe elaborado por la administración autonómica a través de Augas de Galicia, no ha entrado en funcionamiento desde entonces.
El aumento del canon ae aprobó en 2010 con los votos de BNG y PSOE y la abstención del partido de Ares
Esas consecuencias derivaron en que tanto las viviendas como aquellas fincas y locales no destinadas a viviendas, tuvieran que abonar casi 5 euros al mes –una subida de 1,44 euros– para hacer frente al incremento de 137.000 euros anuales del canon que se le debía pagar a la empresa concesionaria Aquagest. Ese aumento fue aprobado por el pleno de la corporación el 28 de enero de 2010, con los únicos votos favorables de los partidos que ocupaban el gobierno, BNG y PSOE.
En aquella sesión plenaria, el entonces alcalde, Abel López Soto, explicó que el Ayuntamiento tenía la obligación de pagar ese incremento, una cantidad que además respondía a las cifras de la consultora contratada por el propio consistorio, que eran más altas que los ofrecidos por Aquagest.
La oposición pidió en ese momento otro informe del departamento de Intervención que se sumara a ese trabajo de la consultora privada que acreditara que existía un desequilibrio económico, pero López Soto insistió en que el expediente estaba completo y sometió a votación dicho punto, ante el que se opusieron ASU, PP y los tres concejales no adscritos, con la abstención de los hoy compañeros en el gobierno local con los populares, el PDSP, formación presidida por Ramón Rodríguez Ares, quien era regidor cuando se otorgó la concesión a Aquagest.
El exalcalde ya expresó que el contrato no estaba en el Ayuntamiento
Es más, también se recoge en el acta de aquel pleno que Intervención, en el momento de hacer su primer informe, habla de no poder fiscalizar por carencia de documentación. Y López Soto se basa para explicar esta situación en las “dificultades que hai para buscar expedientes anteriores, por exemplo, o contrato desa empresa, que no momento en que a interventora fixo ese informe, non se atopou nas dependencias municipais”.
En este sentido, fuentes consultadas por este diario confirman que el contrato con Aquagest, que data de los años 90, es “uno de los secretos mejor guardados”. Es más, algunos dirigentes han solicitado “en numerosas ocasiones” ver esa concesión y nadie la encontró en los archivos municipales.
Hay que señalar que en el Ayuntamiento existen multitud de documentos aún sin digitalizar, una práctica que se comenzó a realizar hace apenas unos años, y que, como indican estas mismas fuentes, ha provocado que “muchos documentos” relativos a actuaciones del consistorio no se encuentran allí.
responsabilidad
Desde el gobierno local aseguran que si Abel López Soto conocía que el sistema de desinfección no funcionaba en el momento d aprobar el incremento del canon, “podría haber incurrido en una gravísima responsabilidad”.
El actual regidor, Ernesto Anido, acaba de ordenar el inicio de una investigación para determinar todos los detalles de este proceso y anunció que el ejecutivo que preside “actuará en defensa de los intereses de los vecinos” y pondrá en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad”.
