La Ley de Costas influirá en Carnoedo, Sorrizo, Suevos y Barrañán

Con la Ley de Costas recién salida del Congreso de los Diputados, poco se atreven a adelantar los ayuntamientos sobre sus beneficios o afecciones concretas. Eso sí, parece que tienen claro que núcleos como Carnoedo (en Sada), Sorrizo, Suevos y Barrañán (en Arteixo) serán de los que se verán más influenciados por el nuevo articulado.
La reordenación de la costa podría ser una salida para aquellos casos en los que los pueblos que hoy se podrían considerar irregulares en lo que a urbanismo se refiere, consiguen su catalogación de núcleo. Es decir, gracias al nuevo texto, se delimitarán núcleos que ya existían antes de 1988, cuando entró en vigor la primera Ley de Costas, y que no se registraron en los planes generales municipales.

amnistía y exclusión
Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inciden en que la nueva norma “no amnistía núcleos”, si no que los “excluye”.
En términos concretos. El puerto de Suevos, así como la zona industrial de Mafriesa y Ártabra, un pequeño núcleo en Chamín al lado de la desembocadura de la ría de la playa de Barrañán y el puerto natural de Sorrizo, ya existían en 1988. Pero Arteixo no tenía en esos años un plan general ni las normas subsidiarias de 1995. De este modo, muchas casas quedaron en un limbo legal al estar en protección del litoral.
Como explican desde el Ayuntamiento de Arteixo, no llega con su simple existencia. En este sentido, añaden que es necesario demostrar que los lugares citados tenían en 1988 servicios básicos, para que se considerase suelo urbano. Es decir, suministro eléctrico, abastecimiento, saneamiento, acceso rodado y alumbrado público.
 Si se cumplen estas características, el Estado entiende que eran, y por lo tanto son, legales. De este modo, se excluyen de la franja de dominio público al entender que son “innecesarios para la protección de la costa”. En las explicaciones que dan desde el ministerio apuntan que esta circunstancia ya ser preveía a finales de los 80, a través de la figura de la “desafectación”.

Casas
Otro de los aspectos que resaltan desde Madrid es que este apartado legislativo afectará sobre todo a viviendas sencillas, “de barriadas populares, no a hoteles o empresas”. Un punto que para el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, es mentira. El mandatario ha mostrado su repulsa a esta ley al entender que solo dará soluciones “ás grandes cadeas de especulación”.
De este modo, en consonancia con este principio, indican, se podrían excluir núcleos como Carnoedo o Suevos, al entender que son núcleos urbanos habitados y consolidados.
Cabe recordar que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) que redactó la Xunta hace tres años recogía la figura del núcleo de identidad de litoral. En esta catalogación aparecían Suevos-O Portiño, O Rañal y O Igrexario de Sorrizo.

El límite con el mar
Ayuntamientos como Sada y Arteixo tendrán dos años para enviar toda la documentación al Ministerio de Medio Ambiente y con ello, solicitar el beneplácito del ministerio para las construcciones oportunas.  
La intención será que se catalogue como zona urbana los puntos en cuestión. A partir de ahí, cuando Medio Ambiente recoja el testigo, tendrá 18 meses para contestar a los interesados. De no hacerlo, se dará por aprobado el trámite.
El siguiente paso, como explican desde el Ayuntamiento arteixán, será solicitar que se reduzca la servidumbre de protección de cien a veinte metros, como se detalla en la ley. La consecuencia sería sí, regularizar la situación de varias edificaciones del área.

Construcciones
Al tiempo que se legalizarían determinadas viviendas, la legislación prohíbe construir nuevas edificaciones. Para el Gobierno, con ello, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988.  
En núcleos como Suevos se han producido derribos de casas que invadían la protección de costas. En este sentido, en aquellos casos en los que haya una sentencia firme se procederá a ejecutar y a devolver a su estado primitivo el terreno. “El Estado cumplirá con su obligación y también apoyará las comunidades y ayuntamientos para encontrar soluciones a tales problemas”, indican desde el Ministerio de Medio Ambiente.
Un apartado a tener en cuenta es la concesión de 75 años que explicita el articulado. “Se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió”, apuntan.
Especial relevancia tendrán en estas concesiones los negocios que hoy colindan al mar, como por ejemplo los hoteles. Durante estos 75 años, tendrán que garantizar “la adecuada conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del dominio público”.
Justifican esta prórroga en que la Ley de Aguas que regula las aguas continentales (ríos) tiene el mismo plazo. “Es un plazo máximo, que no tiene por qué completarse, sino que se acomodará a cada tipo de uso”.
En la misma línea, también inciden en que se promoverá “una cierta apertura del sector en beneficio de la calidad de las actividades económicas y de los servicios que se prestan en dominio público”.
Aunque habrá que esperar a por un reglamento concreto, desde Medio Ambiente señalan que hasta ahora, determinados eventos en la playa como el festival de reggae que se celebró hace dos años en la playa, se organizan con “cierta permisividad”. Ahora, concluyen, habrá unos “requisitos y límites” claros.