Los juristas advierten de que la rescisión del contrato del servicio de ayuda en el hogar perjudica a los usuarios

Un informe realizado por el equipo de juristas del Ayuntamiento de Betanzos advierte de que la rescisión del contrato del servicio de ayuda en el hogar (SAF) supondría perjudicial, en principio, para los usuarios.

Fuentes municipales indican que el próximo martes, día 26, durante la sesión plenaria, correspondiente al mes de marzo, el Gobierno local, que preside María Barral, dará cuenta del mencionado documento.

Daños 
Las mismas fuentes añaden que, tras analizar la situación del expediente administrativo, los servicios jurídicos previenen de los daños y perjuicios que se podrían ocasionar también a los trabajadores del servicio, si se produce la derogación del contrato vigente antes de tener adjudicado el nuevo.

Entre los problemas que se enumeran en el informe se destacan el riesgo de dejar de dar continuidad a un servicio que se presta a personas dependientes todos los días del año y que no puede dejar de prestarse sin que ello conlleve consecuencias y responsabilidades de distinto tipo.
“El SAF es un servicio especialmente complejo y delicado dirigido a necesidades básicas de personas dependientes que no se puede interrumpir como otros servicios municipales, por lo que los usuarios del servicio serán los principales afectados”, indican desde Betanzos.

Contratos laborales 
También se advierte de los riesgos para los trabajadores, ya que sus contratos laborales serían subrogados y podrían suspenderse durante varios meses, a través de un expediente de regulación temporal de empleo hasta que se adjudicase, formalizase un nuevo contrato y prosiguiese la prestación del servicio.

La Secretaría municipal, asimismo, recuerda que la preparación, aprobación, licitación y adjudicación del nuevo contrato, cuya tramitación se inició en enero pasado, puede tardar entre seis y siete meses por su complejidad ya que es un contrato de 2,3 millones de euros.
Señala que, en caso de que no hubiese incidencias, podría estar adjudicado y finalizado antes de septiembre. Sin embargo, podría alargarse la tramitación del expediente hasta llegar o superar el año de duración.

“En este caso habría que plantearse en septiembre prorrogar el contrato como única alternativa para garantizar la continuidad hasta la formalización del nuevo, ya que no se puede acudir a la contratación menor directa”, apunta el secretario.

Los servicios jurídicos también advierten de que sería el pleno el órgano que tendría que rescindir el contrato.

Supuestos
“Aunque se dan supuestos de hecho para proceder a la resolución del contrato, siempre y cuando se solicite un dictamen al Consejo jurídico consultivo de Galicia, y este fuese favorable, no son menos ciertos los problemas que la resolución del contrato podría acarrear”, añaden fuentes municipales.

Unos problemas que el Gobierno local considera que acabarían redundando también en el propio Ayuntamiento de Betanzos.