Industria reinicia el procedimiento de asignación de cuotas de biodiésel

Dos meses después de haber anulado “in extremis” el procedimiento de asignación de cuotas de biodiésel para el cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes iniciado en abril, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó el pasado sábado la nueva orden que permitirá a las empresas solicitantes comenzar a producir en un plazo máximo de seis meses.

Con la nueva norma, el Gobierno español, a través del departamento que dirige José Manuel Soria, sortea las objeciones puestas por la Organización Mundial del Comercio –OMC– a instancias de Argentina, que había recurrido la primera orden, del mes de abril, al considerar que sus términos restrictivos vulneraban el principio de libre concurrencia en un mercado globalizado.

Así, el nuevo texto incorpora tres novedades. La primera, y menos relevante, es la que designa al titular de la Secretaría de Estado de Energía como el responsable de la convocatoria del procedimiento de asignación de cuotas, que, además, se realizará mediante resolución.

Se amplía la cantidad anual máxima a 5,5 millones de toneladas y se abre a países no comunitarios

Además, se amplía de cinco millones de toneladas a 5,5 la cantidad máxima anual y se abre la posibilidad de presentar ofertas a los titulares de plantas o unidades de producción, “independientemente de su ubicación geográfica”. En la anterior orden, como se recordará, este acceso estaba restringido a los propietarios de plantas o unidades de producción “ubicadas en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea”.

El objetivo de esta normativa, demandada por el propio sector desde hace aproximadamente dos años, era, de hecho, poner coto a las importaciones masivas de biodiésel foráneo, especialmente el que procede de Argentina e Indonesia, que llevaron a las fábricas locales a paralizar la producción ante la imposibilidad de competir en precio con el biocarburante importado.

Esa orden estaba redactada y avalada por la Comisión Nacional de la Energía y el Consejo de Estado desde mediados de 2011, pero no llegó a publicarse hasta que el Gobierno argentino decidió la expropiación del 51% de la petrolera YPF. Fue entonces, y como represalia, cuando España la sacó del cajón.

Sin embargo, en octubre pasado, cuando anuló el procedimiento, el Ministerio se justificó diciendo que su aplicación “puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles de automoción en un momento en el que estos alcanzan máximos históricos”.