miércoles 20/1/21

Los historiadores señalan un proceso “coercitivo” para la compra de Meirás

En una sesión de más de siete horas, hablaron de “listas negras” para “malos patriotas” si no colaboraban
En el anuncio no se recogen imágenes del exterior de la Casa Cornide, pero sí varias interiores | Pedro Puig
En el anuncio no se recogen imágenes del exterior de la Casa Cornide, pero sí varias interiores | Pedro Puig

Segunda sesión del juicio por la propiedad de la residencia de verano de Francisco Franco. Los autores de “Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio”, Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, declararon durante horas para confirmar la existencia de un proceso “coercitivo” para la adquisición del inmueble, con listas negras para los “malos patriotas”, y documentación que acreditaría, según indicaron, que se entregó a Franco en su condición de “jefe del Estado”.

Además, apuntaron a que de la gestión y los gastos se encargaba “Casa Civil”, un organismo bajo la dependencia de Franco, con un funcionamiento “similar” al del Palacio del Pardo y con el mantenimiento a cargo de instituciones públicas, entre ellas ayuntamientos y la Comandancia de Obras.

“El Ayuntamiento de A Coruña va a ser una empresa de servicios de todas las necesidades que se den”, resumió Babío en una declaración como testigos-peritos.

A preguntas de la abogada del Estado, ambos se remitieron a la documentación de ayuntamientos, pero también de otros organismos, entre ellos el elaborado por un teniente coronel, que cifra en “millón y pico de pesetas lo recaudado” a través de la suscripción promovida. “Lo adquiere, amplía y mejora”, añadió Babío sobre la Junta pro Pazo, incidiendo en que su objetivo con la donación era “convertir A Coruña en capital del Estado durante un mes”.

Y es que en la escritura de 1938, por la que este organismo compra el inmueble a los herederos de Emilia Pardo Bázan, se centra la demanda del Estado. Según la tesis de los demandantes esto demostraría que su transmisión a Franco en 1941 se hizo mediante una “venta simulada”.

“Cuando asume el donativo, pronuncia un discurso y promete infraestructuras para la provincia y para Galicia”, apostillaron sobre Franco y el uso del pazo como “residencia veraniega” del jefe del Estado. Además, Lorenzo rechazó que este hubiese abonado o reembolsado gastos, de modo particular durante su uso.

En sus intervenciones insistieron en el fracaso de la cuestación popular y rechazaron de plano, como plantearon los abogados de los herederos, que hubiese una “cierta voluntariedad”, con excepción de determinados casos.

“El propio contexto implica que no lo haya, cuando existe un régimen represivo en el que no se tolera la neutralidad”, respondieron a esta parte, que centró sus interpelaciones en tratar de demostrar que no hubo intervención de las administraciones públicas en el inmueble a la muerte de Franco, que Meirás es una propiedad privada y que las aportaciones se realizaron de manera voluntaria.

“La Falange pasaba por las casas”, le replicó Babío. “En esa época se podían hacer escrituras de compra-venta sin que se efectuase un pago”, atajó también Lorenzo a la pregunta si no era cierto que se hicieron compra-ventas ante notario con el pago a afectados por la adquisición de Meirás.

En términos similares, se expresó el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago Xosé Manoel Núñez Seixas, presidente de la comisión de expertos que realizó el informe de 2018 a instancias del Parlamento de Galicia: “Había mecanismos de coerción, desde las visitas de milicianos a las familias puerta por puerta hasta la elaboración de listas negras”.

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