El Gobierno de Miño solicitará otro préstamo de 1,1 millones para pagar la deuda de Fadesa

El Ayuntamiento de Miño aprobó, en medio de las acusaciones de irresponsabilidad e incitación, su adhesión al Fondo de Impulso Económico para 2018, con la intención de abonar la deuda aún pendiente con los expropiados de Fadesa Inmobiliaria “que corresponde a 1,1 millones de euros”, precisó el alcalde, Ricardo Sánchez, quien se mostró especialmente iracundo después de la bronca sesión del pasado día 1. La iniciativa prosperó con los votos de la coalición (Sánchez Oroza y el PP) y la abstención del PSOE.
El alcalde, que acabó expulsando de la sala a dos asistentes, acusó a la oposición de alimentar la confrontación entre las partes, y de no aportar soluciones.
Según el Gobierno de Miño, su incorporación al Fondo de Impulso Económico, que ahora deberá avalar el Gobierno del Estado, permitirá el pago de 1.160.000 euros, y “las vías para devolver esta deuda están contempladas en el Plan Económico-Financiero” aprobado hace tres semanas, y se recogen en los presupuestos para este ejercicio y el de 2018”.
Para Ricardo Sánchez, en el fondo, “a pesar de los fuegos de artificio, los socialistas están de acuerdo con las medidas tomadas” por los resposansables municipales, “ya que son las que proceden y las únicas posibles”, precisó Sánchez antes de instar al socialista Manuel Vázquez Faraldo, a “aportar alternativas” para asumir a la deuda contraída con los expropiados para la macrourbanización Costa Miño Golf.
La visión del PSOE es radicalmente opuesta a la de Sánchez y, en este sentido, para los socialistas la última maniobra del Gobierno de Sánchez demuestra sus advertencias de que el Plan Económico Financiero (PEF) es insuficiente y la irresponsabilidad de quienes deberían velar por la sostenibilidad económica de Miño. Así, insistió en que todas las medidas adoptadas se han tomado sin tener en cuenta la deuda real, “lo que es una estafa y una mentira a todos los ciudadanos de Miño”.
El alcalde acusó al portavoz socialista, al que amenazó con expulsar, de presentar medidas del pasado para solucionar el problema, a lo que desde del PSOE respondieron con tres nuevas iniciativas que Sánchez consideró “disparatadas”: reclamar la devolución de los sueldos a las personas responsables del proceso (Juan Maceiras y Jesús Veiga como alcaldes y Carlos Abal y Juan Herva como asesores), renunciar a los salarios como ejemplo de austeridad y “que las siete personas del grupo de gobierno aporten sus bienes personales como responsables actuales de la situación”, resumió Faraldo.
Las acusaciones del regidor se volvieron a centrar en el número uno del PSOE, “pues su familia es una de las expropiadas”, dijo.