martes 1/12/20

Los Franco ven “irrelevante” que se produjesen “coacciones” en la compra de Meirás

Las partes cerraron la vista previa sin acuerdo, y el juicio se celebrará a partir del día 6 de julio
La vista se alargó algo más de tres horas y se celebró en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña | EFE
La vista se alargó algo más de tres horas y se celebró en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña | EFE

Los tribunales decidirán sobre la propiedad de As Torres de Meirás. La vista previa celebrada en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña se cerró sin acuerdo y el caso irá a juicio la segunda semana de julio (6 al 9), cuando se cumplan dos años del acuerdo histórico alcanzado en O Hórreo instando al Gobierno del Estado a iniciar las acciones necesarias para  la recuperación del inmueble, con la voluntad expresa de que esto  no suponga “un nuevo coste para el pueblo de Galicia”. 

El proceso, según admiten demandantes y demandados, es “técnicamente complicado” y, como se evidenció en la vista previa, apenas existen espacios de coincidencia entre las partes, pues la Abogacía del Estado mantiene que existió un “proceso coactivo” con una “importante involucración por parte de las administraciones públicas” en relación a la adquisición del pazo, mientras las herederos del dictador niegan este extremo que, en cualquier caso, señaló que si resultó “más o menos voluntaria la aportación, no guarda ninguna relación” con el caso y es “irrelevante” para la causa para que, en una réplica posterior al letrado de la Administración General del Estado, negase las coacciones  

Los Franco niegan la existencia de una “donación inmobiliaria” y, si bien admiten que “Franco no lo pagó (el Pazo de Meirás) de su bolsillo”, insisten en que tampoco salió de las arcas públicas, “sino de particulares que non son parte” en el proceso por Meirás. “Que fue un regalo es verdad”, expuso el letrado para, a continuación, también negar una “donación a un jefe del Estado”. 

Complementarias
La jueza rechazó las alegaciones complementarias de los Franco, y una de las cinco presentadas por la Abogacía del Estado relativa a la incorporación de documentos de otras administraciones que, además del Ayuntamiento de A Coruña, aportaron dinero al mantenimiento de Meirás. La jueza no la admitió por no ser “complementaria” y porque tenía que haberse presentando en la demanda interpuesta por la Administración General del Estado. 

Las partes discutieron ampliamente sobre los “hechos controvertidos” y, en concreto, sobre la escritura del año 1941, que los demandantes consideran “simulada” mientras los demandados insisten en su legalidad y en que “es un documento válido”, intervino el representante de los Franco.

Además, acabada la vista, el abogado del Estado, Javier Suárez, se mostró satisfecho y aseguró, como expuso durante su intervención, que su posicionamiento en esta demanda pasa por alegar que la adquisición del Pazo fue “para un fin público” y por la condición de “jefe del Estado” de Franco. “No como persona física”, resumió Javier Suárez.

Pruebas
La jueza admitió la práctica de prueba documental solicitada por el Ayuntamiento de Sada de instar al Banco de Santander para que aporte “copia testemuñadas de todas as operacións bancarias nas que intervíu o extinto Banco Pastor en relación coa fraudulenta adquisición do Pazo de Meirás”, tanto en relación al supuesto pago realizado a la anterior propietaria como a sus antecedentes, incluida la hipoteca constituída, así como todos “os movementos bancarios que poideron ser operados a título da Junta pro-Pazo ou da cal dita entidade era a beneficiaria”, expuso el letrado que representa el Ayuntamiento de Sada.

El propósito de esta prueba es poder acreditar tanto el origen y disposición de los fondos “como a propia intervención do daquela presidente do Banco Pastor, Pedro Barrié, que tivo unha participación fundamental en toda a operación”, apunta Sada. En calidad de testigos, el municipio sadense propuso las de Xosé Manoel Núñez Seixas, Emilio F. Grandío Seoane, Luis Míguez Macho, José M. Busto Lago, Manuel Pérez Lorenzo y Carlos Babío Urkidi.

La audiencia se alargó durante más de tres horas, con intervención en las que la Abogacía del Estado, Sada, A Coruña, así como  de los letrados de los Franco.

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