12º-17º
lunes | 13 mayo | 2024
Tras la vista preliminar de enero, que evidenció posturas radicalmente opuestas, el destino de As Torres de Meirás se conocerá en cinco meses, entre los días 6 y 10 de julio, cuando se cumplan dos años del acuerdo histórico alcanzado en O Hórreo instando a la Administración General del Estado a iniciar las acciones necesarias para la recuperación del inmueble, con la voluntad expresa de “que esto no suponga un nuevo coste para el pueblo de Galicia”.
Los Franco aportaron una serie de documentación al proceso abierto a raíz de la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado –a la que se adhirieron la Xunta, el Ayuntamiento de Sada y el de A Coruña, también personados– por el Pazo de Meirás.
Los demandantes –seis nietos del dictador y la mercantil Pristina SL, vinculada a Francis Franco– quieren “hacer valer” que el inmueble es de su propiedad y, con esta intención, acompañaron pólizas de seguro y declaraciones de la contribución general sobre la renta del propio Francisco Franco Bahamonde y su esposa, Carmen Polo Martínez-Valdés.
Dos pólizas contra incendios contratadas en 1940 y en 1959
En concreto, presentaron los IRPF de 1960 y 1959 y los rendimientos agrícolas por propiedades destinadas a cultivos, así como dos pólizas de seguros en caso de incendios, contratadas con Covadonga Sociedad Anónima de Seguros para el inmueble sadense que, de acuerdo con lo anotado en el contrato, “es conocido como Torres de Meirás”.
Además, incorporan un informe de la Abogacía del Estado de 2018 en la que, en contestación a un escrito de la Diputación Provincial de A Coruña sobre el caso Meirás, se apunta, a modo de conclusión, que “aunque fue una de las dos residencias oficiales veraniegas del jefe de Estado (...) desde 1941 a 1975, al no haber sido nunca propiedad del Estado, ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional”.
“Y ello –añade– por aplicación de las leyes de 7 de marzo de 1940 y de 16 de junio de 1982”. En su virtud, el Consejo de Administración de la entidad no se halla legitimado para su reivindicación”, determina el informe, elaborado semanas antes de la moción de censura a Rajoy. Tres meses después, el Parlamento de Galicia acordó, de manera unánime, instar al Gobierno del Estado a interponer la demanda por Meirás.
Sin embargo, en su demanda, la actual Abogacía del Estado considera que fue Ferrol y no Francisco Franco quien abonó el impuesto de contribución de Meirás. Una cuestión que se expuso en las alegaciones del pasado 31 de enero y que se admitió, por lo que ahora se hará el requerimiento necesario para que se aporte la documentación que conste a este respecto en el Ayuntamiento de Ferrol. Los Franco insisten, e intentan demostrar con “abundante documentación”, que el dictador consideraba el pazo de su propiedad y que, por ello, “pagaba la contribución y declaraba los rendimientos agrarios” de Meirás.
“Nadie puede pensar que Francisco Franco contratase pólizas de seguro y se imputase rendimientos agrícolas y tributase por ellos”, señaló el abogado de los nietos, Luis Felipe Utrera-Molina Gómez, que advierte de que en este proceso “no se trata de dirimir si Francisco Franco era malo, regular o bueno”, sino que “se disputa una propiedad”, por lo que el letrado estima que “todas las consideraciones políticas en torno a Franco y el momento histórico son irrelevantes” de cara a un pleito en el que lo que vale es el Código Civil.
