11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
En los técnicos municipales, en concreto, el interventor y el secretario, se escudó ayer la exalcaldesa, María Dolores Faraldo, a la hora de justificar ante la jueza que investiga la contratación irregular de un profesor del Conservatorio Municipal el modo con el que el Ayuntamiento le retribuyó, en el curso 2009-2010, las horas de clase al trabajador, a través de facturas en concepto de reparación de instrumentos.
La conservadora prestó declaración como imputada, después de que el pleno municipal acordase, en marzo del año pasado, poner en conocimiento de la Fiscalía un informe del secretario donde se advertía de posibles irregularidades en la contratación del personal municipal; una denuncia que también partió del exconcejal de CxB Javier de la Fuente y del funcionario Cristóbal Fraga, precisamente uno de los técnicos a los que ella hace alusión. Entre los casos citados, en el informe consta el del profesor de música, que formó parte de la plantilla del Conservatorio durante un curso entero, pero que no figuraba en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
“No tenía conocimiento de que fuese un procedimiento administrativo irregular”, se defendió Faraldo, que reconoció a la jueza que optó por el pago mediante facturas al profesor de música ante la falta de dotación presupuestaria para cubrir esa plaza en el Conservatorio. Pero, según asegura, antes de tomar esa decisión obtuvo la aprobación del interventor y el secretario municipal.
De hecho, destaca que esas facturas estuvieron un año en la casa consistorial y que, hasta el informe del secretario que propició la investigación, tampoco habían recibido ningún reparo por parte del interventor.
Aún más. Según puntualiza, antes de su llegada al Ayuntamiento, este procedimiento de contratación se había utilizado en varias ocasiones. “Con los empleados de la radio municipal, en la guardería o a un profesor de la escuela de Artes Plásticas”, enumera.
La conservadora asegura que no fue “consciente” de la irregularidad hasta finales de 2010, por una moción del PSOE. Afirma que buscó asesoramiento externo, y que en ese momento fue informada de que la forma de pago mediante facturas no era legal. Para esas fechas, puntualiza, el trabajador ya no formaba parte del equipo del centro de música.
Como testigo > Hace varias semanas, el docente afectado por este procedimiento prestó declaración ante la titular del juzgado de instancia e instrucción 3 en calidad de testigo, para relatar el modo en que tuvieron lugar los hechos. Según manifestó, el director del Conservatorio se puso en contacto con él para ofrecerle la plaza, pero fue la entonces alcaldesa quien le pautó el modo en que confeccionar las facturas por las que pasaría a cobrar 29 euros por hora de clase, en concepto de reparación de instrumentos. Según este testimonio, la dirigente del PP le reconoció en aquella charla que la contratación no podía seguir el cauce ordinario por la falta de presupuesto.
Sobre el papel del profesor dentro del Conservatorio fue cuestionado por la jueza uno de los directores del centro, que estaba citado ayer como testigo. Según confirmó, el trabajador del Conservatorio ejerció durante todo ese año como profesor, dando clases, asistiendo a los claustros y poniendo notas.
En cuanto al arreglo de los instrumentos, a preguntas del letrado que representa al Ayuntamiento, José Luis Gutiérrez Aranguren, señaló que como profesor podía hacerse cargo de alguna “pequeña reparación” cuando algún alumno tenía un problema sencillo, pero no de las importantes; en esos casos, indicó, el material de música era enviado a casas especializadas.
