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sábado | 20 abril | 2024
La comisión de expertos nombrada por la Xunta para estudiar la incorporación al patrimonio público del Pazo de Meirás (BIC desde 2011) propone que la Administración General del Estado presente una acción reivindicatoria, a través de una demanda civil, en la que se argumente el uso del inmueble como espacio institucional durante más de 30 años, hasta la muerte del dictador en 1975.
El procedimiento previsto, cuya denominación técnica es demanialización y que, en síntesis, significa que por “la fuerza del uso” se trata de un inmueble público, abre la puerta, eso sí, a una compensación económica para los herederos de Franco.
En cualquier caso, los redactores del informe matizaron que esta situación de compensación se daría en el caso de que, una vez que haya sentencia firme (Tribunal Supremo) a favor del Estado, se produzca una liquidación de la propiedad y los actuales poseedores del pazo sean compensados por gastos de mantenimiento desde el 20 de noviembre de 1975 “si esas inversiones están probadas”, matizaron desde la comisión de expertos, presidida por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela Xosé Manoel Núñez Seixas.
La elababoración de este informe se prolongó durante más de seis meses, y a sus conclusiones presentó un voto particular el Ayuntamiento de Sada, en desacuerdo con esa hipótesis de “liquidación” del inmueble, como anunció hace dos días el Gobierno de Benito Portela.
También la Xunta mostró su cautela incidiendo en que la indemnización es meramente una “hipótesis” contemplada en el informe: “Tal y como se explica en el informe, esa es una hipótesis que cumpliría valorarse en el caso de que finalmente se decidiese esa vía, prosperase la acción reivindicatoria como bien demanial y la Administración General del Estado lograse una sentencia firme y favorable, obteniendo así la restitución de su posesión”, señaló la Consellería de Cultura
La comisión de expertos propone una acción reivindicatoria contra la comunidad hereditaria y solicitar a través de una demanda civil que se declare el “carácter del inmueble como bien de dominio público afecto a la Jefatura del Estado”. Esto supondría que, en consecuencia, se condene a los actuales poseedores a “reintegrar la posesión a la Administración General del Estado”.
En esta acción judicial, el Estado también debe solicitar que se cancelen las inscripciones registrales contradictorias con ese pronunciamiento, y que se expida un mandamiento al Registro de la Propiedad de Betanzos para la inscripción de los inmuebles como bienes demaniales del Estado.
Además, ante los “riesgos derivados de una eventual venta, proponen que se inste como medida cautelar a la “anotación preventiva de la demanda (civil) en el Registro de la Propiedad”.
El juzgado competente para la presentación de la demanda es el de primera instancia de Betanzos y la última instancia antes de sentencia firme es el Supremo.
Así las cosas, la comisión de expertos concluye que es “posible defender el derecho a la adquisición por usurpación de la condición de bien de dominio público” y que la vía de la “demanialización” permitiría incorporar Meirás al dominio público por la “fuerza del uso” del inmueble, es decir, que se usase por el dictador como edificio del Estado”. l
