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sábado | 20 abril | 2024
El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, alegó ayer que Francisco Franco “se apropió ilícitamente” del pazo de Meirás mediante “un fraude”. Así se refirió en la última jornada del juicio por la propiedad del inmueble a la escritura de compraventa de 1941, en un alegato en el que reclamó la devolución del edificio como “bien público”.
“Estamos ante un título simulado que busca generar la apariencia de que Franco lo adquirió”, resumió en alusión a la escritura de 1941. Además, apeló al protocolo notarial de 1938 por el que la Junta pro Pazo habría adquirido el inmueble mediante un proceso de “naturaleza coercitiva”, dijo sobre la suscripción popular.
Y es que para el letrado “se silenció la donación al Estado –expuso en referencia a la figura de Franco como jefe de este–, se silenció la intervención de la Junta pro Pazo y se da la apariencia de que estamos ante una compra-venta normal”.
“Es un fraude”, recalcó sobre la escritura de 1941 y afirmó que eso facilitó hasta ahora “habilitar una posesión por los herederos de Franco”. “Una posesión viciada que ha impedido la actuación del legítimo propietario”, dijo sobre el Estado, del que defendió, basándose en los documentos y declaraciones en el juicio, las aportaciones económicas en el inmueble.
Dominio público
“El dominio público es imprescriptible”, añadió ya en términos jurídicos y en respuesta a los argumentos de los Franco, que alegan una usucapión –modo de adquirir una propiedad– por parte de los herederos del dictador, puesta, sin embargo, en cuestión por la parte demandante y las demás administraciones, la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos de A Coruña y Sada.
En sus conclusiones, el letrado del Ayuntamiento de Sada dijo que “no procede la usucapión por parte de los herederos”, pero sí respaldó la invocada, a este respecto en su demanda, por la Abogacía del Estado.
Y es que todas las administraciones rechazaron los argumentos de la familia Franco para reivindicar el pazo como una “propiedad privada”, para lo que alegan, entre otros aspectos, los rendimientos de la explotación agropecuaria declarados a Hacienda o el pago del IBI por parte de Franco, algo que las primeras han cuestionado. “Franco solo figuraba como titular en el catastro, no se puede invocar para la posesión en concepto de dueño”, añadió la letrada del Ayuntamiento de A Coruña que, como los demás, reivindicó las obras y otras actuaciones financiadas por administraciones públicas. “Había una partida fija en la Casa Civil”, recalcó el abogado del Estado.
Mientras, el abogado de los Franco negó que la escritura de 1941 pueda ser “nula” y defendió que la posesión corresponde a “un justo título” y que el pazo se le dio a Franco a título personal y no como jefe del Estado. l
