El PSOE recurrirá el decreto al no despejar las dudas sobre su legalidad

El PSOE recurrirá el expediente de fusión de Oza y Cesuras. El secretario provincial del PSdeG, Francisco Caamaño anunció que los socialistas agotarán la vía judicial pues, aunque no están en contra de las fusiones, sí se oponen a un proceso que el exministro calificó ayer de “ocurrencia” del presidente Núñez Feijóo.
Los socialistas recurrirán ante el juzgado contencioso administrativo al entender que el proceso incumple la normativa gallega de administración local que establece que este tipo de acuerdos exigen el respaldo de dos tercios de los miembros de la corporación municipal, que no alcanza en Cesuras.
En relación con el dictamen del Consello Consultivo de Galicia, que avala la tramitación realizada por la Xunta basada en la normativa estatal que rebaja los requisitos para la aprobación en pleno a la mayoría absoluta, el exministro de Justicia indicó que el informe contiene, “ademáis dunha interpretación sorprendente da claúsula de prevalencia do dereito estatal, unha afirmación que non compartimos e un silencio clamoroso”.
Para el secretario provincial, el Consultivo señala que “un xuíz non pode inaplicar unha lei e, en caso de dúbida sobre cal das dúas ten que aplicar, debe recurrir ao Constitucional” pero, por el contrario, considera que “unha administración, en este caso a Xunta, podería deixar de aplicar unha lei, algo que nós entendemos que non é posible, porque a Constitución di que os poderes públicos están sometidos ás leis”, dijo el representante del PSOE.
Caamaño preguntó por qué la Xunta no optó “pola vía máis doada” y, como también recomienda el Consultivo, por qué no modificó la legislación gallega aprovechando su mayoría absoluta en el Parlamento gallego, “co cal–sentenció el exministro de Justicia– o proceso sería xurídicamente impecable”.
Para los socialistas, la disposición gallega, que exige dos tercios, “non contradí” la estatal, que establece la mayoría absoluta, sino que “a desenvolve, respectando a base”. En este sentido, alegan que la interpretación contraria supondría negar la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran desarrollar la ley básica “e só poderían copiala”. El informe del Consultivo no hace referencia a este tema.