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jueves | 25 abril | 2024
La polémica en torno a las ruinas del Castillo de Fontán, por unas cosas o por otras, lleva más tiempo en boca de todos que cualquier otro aspecto de la vida cotidiana de Sada. Si antes era por el proyecto del enlace con la Vía Ártabra, ahora es por la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Patrimonio en lo que respecta a las obras que en 2008 se realizaron en este enclave, cuando el gobierno local estaba ocupado por el BNG y el PSOE bajo la dirección del nacionalista Abel López Soto.
Después de que se conociera esa investigación que se está llevando a cabo y que el propio BNG defendiera su gestión asegurando que “en ningún momento” recibieron notificación alguna sobre este asunto, donde su actuación fue “respetuosa” con el entorno, ahora el actual ejecutivo sadense afirma que ya existió, en aquel 2008, un informe del interventor.
En él se advertía de diversas irregularidades en las facturas pagadas por las citadas obras de rehabilitación de esta zona protegida. Se trata, afirma el gobierno de Ernesto Anido, de un informe de fiscalización de facturas en el que se “llama la atención al entonces alcalde sobre el pago de 11.994,40 euros correspondientes al proyecto de excavación arqueológica del Castillo de Fontán.
El Ayuntamiento sostiene que en ese informe del departamento de Intervención se alerta de que el proyecto está firmado “por su autor” a finales de julio de 2007, “dos meses antes de que el alcalde firmase el decreto de adjudicación de ese trabajo”, lo que pone de manifiesto, añaden, que “se contrató a alguien para hacer algo que, al menos en parte, ya estaba hecho”.
Mediante aquel decreto, indicaron por último, se contrató a un arqueólogo para hacer el proyecto, elaborar la memoria, llevar la dirección técnica y el tratamiento de materiales y restos que se encontrasen para su posterior conservación.
