9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
El Ayuntamiento de Miño ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declara a la administración municipal responsable del pago del justiprecio por los terrenos expropiados en su día por Fadesa Inmobiliaria para desarrollar la “macrourbanización” de Costa Miño Golf.
Para el gobierno local resulta “incuestionable” que los vecinos expropiados “deben cobrar íntegramente el justiprecio de las fincas”, pero sus representantes entienden que tiene que ser la constructora quien abone las cantidades adeudadas, en tanto no es el consistorio quien ha incorporado a sus propiedades los terrenos, sino Martinsa-Fadesa.
El recurso presentado señala que si en un procedimiento de ejecución forzosa son sujetos intervinientes la administración pública (Ayuntamiento de Miño), el beneficiario (Fadesa) y el expropiado, en el caso de Costa Miño “no coinciden el expropiante y el beneficiario”, ya que este último es “una entidad privada a la que se adjudicó la concesión para el desarrollo urbanístico de un sector, con la obligación de pagar a los expropiados y urbanizar a su costa, recibiendo como compensación el derecho a enajenar las parcelas resultantes y/o edificarlas para su posterior venta”, explicaron desde el Ayuntamiento de Miño.
Los argumentos esgrimidos ponen de manifiesto que el consistorio no ha incorporado a sus propiedades los terrenos expropiados y, en consecuencia, “no es quien tiene que pagar” porque la legislación sobre expropiación forzosa “atribuye la obligación de pago, única y exclusivamente, al beneficiario” y porque “Miño no se quedado con los terrenos, sino Martinsa Fadesa”.
El fallo, que se dio a conocer a solo un par de semanas, obliga a la administración local a asumir los 21 millones que corresponden a la diferencia abonada en su momento por la promotora y el valor del suelo fijado en 2006 por el TSXG que, en sentencia firme, elevó el precio de 6,32 euros el metro cuadrado a 25,9.
El dictamen judicial puso contra las cuerdas al equipo que, desde principios de este mismo año, lidera Jesús Veiga.
Así, mientras los expropiados insisten en que “a lexislación é moi clara” y que, en este sentido, no entienden la actitud adoptada por el Ayuntamiento de Miño al no exigir los avales a Fadesa, ni la de la Xunta, “que deu o visto bó ao PXOM, ao Plan Parcial e aos contratos con Fadesa”, el PSOE, como único grupo de la oposición, y el BNG, con representación en mandatos anteriores, exigen la dimisión de todo el gobierno municipal del PP.
