miércoles 5/8/20

La Diputación espera que el juicio por Meirás “ponga fin al expolio”

El ente provincial participará como parte interesada en la causa, que se inicia el próximo lunes en A Coruña
El pazo de Meirás, ubicado en Sada | aec
El pazo de Meirás, ubicado en Sada | aec

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, reivindicó ayer el papel de la institución provincial en el proceso de recuperación del pazo de Meirás, cuyo juicio comenzará el próximo lunes, del que espera que sirva para “poner fin al expolio del franquismo”. 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña acogerá desde el próximo día 6 y durante toda la semana el juicio sobre la propiedad de la residencia de verano del dictador Francisco Franco, ubicada en Sada y que ha sido objeto de multitud de reclamaciones desde Galicia para que sea integrada en los bienes del Estado. 

En un comunicado, Regueira destacó este juicio “por la dignidad” la labor de la Diputación, que participará en la vista como parte interesada, en estos últimos cuatro años para avanzar en el proceso de “recuperación” del pazo como bien público. 

“Esperamos que este juicio sea el último paso para recuperar el pazo de Meirás como bien público”, señaló Xosé Regueira. Así, recordó que la institución provincial impulsó la junta pro-devolución del inmueble con el fin de contribuir a la justificación documental y legal para la devolución del inmueble y encargó el informe jurídico “que abrió una vía sólida para reclamar el inmueble”. 

Informe jurídico
El informe histórico fue dirigido por el profesor de la Universidad de Santiago Emilio Grandío y tuvo en su origen la investigación de Carlos Babío y Manuel Pérez, y el informe jurídico corrió a cargo del profesor de la Universidad de Santiago Xabier Ferreira. 

Este documento jurídico, sostiene, “demuestra que hubo una simulación de contrato para que el pazo de Meirás apareciera como propiedad de la familia Franco y ofrece pruebas documentales suficientes para que el juicio concluya con la devolución al patrimonio público, lo que sería un hecho de gran simbolismo para poner fin al franquismo”. 

El documento demuestra, según la Diputación, que el edificio fue utilizado como residencia oficial de verano del dictador después de ser comprado a la familia de la escritora Emilia Pardo Bazán en 1938, año en que también se le ofrece en “donativo” a Franco en calidad de jefe del Estado. Concluye que hay “claros indicios” de que “en el proceso de compraventa hubo, en realidad, una simulación total de contrato".

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