jueves 26/11/20

La Diputación de A Coruña podrá intervenir en el juicio contra los herederos de Franco por Meirás

La juez acuerda, en un auto, aceptar la solicitud de la institución provincial, que se adhiere a la causa
La magistrada tuvo en cuenta el documento de marzo de 1938 | AEC
La magistrada tuvo en cuenta el documento de marzo de 1938 | AEC

La Diputación de A Coruña estará en la causa por Meirás. El Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña acordó en un auto aceptar la solicitud de la institución  provincial para intervenir en el proceso iniciado por la Abogacía del Estado para reclamar el inmueble a los Franco. Lo mismo que el Ayuntamiento de Sada, el de A Coruña y a la Xunta, interviene como “coadyuvante adhesiva simple”, sin carácter autónomo, “subordinada a la parte demandante”, es decir, a la Administración General del Estado.

Como A Coruña, Sada y la Xunta, actuará como “coadyuvante adhesiva simple”, sin autonomía

La magistrada reconoce en el auto que la Diputación de A Coruña tiene “un interés” directo y “legítimo” en la causa y, a la hora de acordar su intervención en el proceso, tuvo en cuenta el documento presentado en la demanda, de 28 de marzo de 1938, en el que consta que la ciudad y provincia de A Coruña hicieron “la ofrenda donación de las Torres de Meirás” a Franco. El juicio, de acuerdo con lo marcado por la misma magistrada al térmico de la audiencia previa, que se cerró sin acuerdo entre las partes, se celebrará los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio, desde las 09.30.

“Complicado”

El proceso, según admiten demandantes y demandados, es “técnicamente complicado” y, como se evidenció en la vista previa, apenas existen espacios de coincidencia entre las partes, pues la Abogacía del Estado mantiene que existió un “proceso coactivo” con una “importante involucración por parte de las administraciones públicas” en relación a la adquisición del pazo, mientras que los herederos del dictador niegan este extremo e inciden en que, en cualquier caso, si resultó “más o menos voluntaria la aportación, no guarda ninguna relación” con el caso y es “irrelevante” para la causa de Meirás.

Así, los Martínez-Bordiú niegan la existencia de una “donación inmobiliaria” y, si bien admiten que “Franco no lo pagó (el pazo) de su bolsillo”, insisten en que tampoco salió de las arcas públicas, “sino de particulares que non son parte” en el proceso por Meirás. “Que fue un regalo es verdad”, expuso el letrado para, a continuación, también negar una “donación a un jefe del Estado”. En este sentido, para intentar demostrar la propiedad, aportaron una serie de documentos  que, en su opinión, evidencian que el inmueble “nunca ha sido patrimonio del Estado”.

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