lunes 26/10/20

Betanzos lleva de nuevo al juzgado el desahucio del hotel San Roque

El Gobierno local de Betanzos vuelve de nuevo a recurrir a los juzgados para solventar el
desahucio del hotel San Roque, ubicado en el edificio del antiguo asilo Manuel Naveira.

El hotel San Roque se ubica en el antiguo asilo Manuel Naveira
El hotel San Roque se ubica en el antiguo asilo Manuel Naveira

El Gobierno local de Betanzos vuelve de nuevo a recurrir a los juzgados para solventar el
desahucio del hotel San Roque, ubicado en el edificio del antiguo asilo Manuel Naveira.
Según fuentes municipales, el Ayuntamiento presentó una demanda judicial en la que solicita el desalojo del inmueble de la concesionaria del complejo hostelero por falta de pago de alquiler.
Las mismas fuentes añaden que la propuesta, presentada por los servicios jurídicos municipales, forma parte de una serie de acciones en defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento en relación al incumplimiento por parte de la entidad mercantil Complejo San Roque SL del pago de la renta.

Segunda demanda
Se trata de la segunda demanda interpuesta por el Gobierno local pidiendo el desalojo del hotel después de que en 2015 ya hubiese presentado otra contra la empresa mercantil concesionaria por impagos. En aquel entonces antes de la celebración del juicio la empresa abonó las cantidades que requería el Ayuntamiento.

Sin embargo, ante los nuevos incumplimientos reiterados en el pago, el Gobierno local decidió presentar una nueva demanda contra la misma entidad mercantil solicitando el desahucio por el impago de los años 2016 y 2017, en total 1.202,02 euros.


Decisión plenaria
Cabe recordar que en el año 2015 la decisión de recurrir a los tribunales se adoptó durante un pleno en el que las formaciones políticas CxB y BNG votaron a favor, mientras que el Partido Popular votaba en contra.

El alcalde, Ramón García, decidía presentar a la consideración de los concejales esta medida atendiendo al informe emitido por la asesoría jurídica municipal, en el que se proponía el inicio de acciones en defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento brigantino.

Con anterioridad al acuerdo plenario se había convocado una comisión con el resto de fuerzas políticas para analizar los informes emitidos por los abogados municipales y los contratados para abordar el tema. Y fue esta asesoría externa la que recomendó al Ayuntamiento iniciar el proceso judicial.

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