10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha asumido la investigación de las supuestas contrataciones irregulares realizadas por el gobierno municipal durante el mandato 2007-2011, que hasta la fecha llevaba el juzgado de instrucción número 3 de Betanzos. La sala de lo penal se hace cargo de la causa porque esta afecta a una aforada, la diputada popular María Faraldo. El cambio se produce un año después de que la excaldesa declarase como imputada en Betanzos, donde aseguró que “no tenía conocimiento de que realizase un procedimiento administrativo irregular” y que no había sido consciente de las supuestas ilegalidades advertidas hasta finales de 2010.
El proceso que ahora llega hasta A Coruña parte de la denuncia interpuesta por el exconcejal Javier de la Fuente, el funcionario Cristóbal Fraga y el propio Ayuntamiento de Betanzos, que en sesión plenaria de 7 de marzo de 2011 acordó poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el informe del secretario donde se advertía de posibles ilegalidades en los contratos realizados con fondos públicos durante el mandato del PP.
El documento, de 21 de enero de 2011, daba cuenta de la situación del personal que en ese momento prestaba sus servicios a la administración pero que no figuraba en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
Gestiones
En el documento, el funcionario alertaba de irregularidades en los procedimientos de contratación y llamaba la atención sobre el caso de un exprofesor del conservatorio “que –recoge el expediente– hay que calificar como ilegal y darle un tratamiento específico”, al tiempo que emplazaba al pleno a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y del juzgado, en tanto “tal actitud puede ser presuntamente constitutiva” de delitos “de falsedad en documento mercantil” o “prevaricación” en el Ayuntamiento de Betanzos. Asimismo, el informe insistía en que “lo más significativo de este contrato” era el “fraude y presunto delito que se produce en el pago a las retribuciones que deberían componer el salario de este trabajador”, ya que el docente estaría cobrando mediante la expedición de facturas que él mismo elaboraba con periodicidad mensual, “por importes similares y en concepto de ‘mantenimiento y reparación de instrumentos”.
En cuanto a otras contrataciones, la documentación fue remitida al al Consello de Contas de Galicia, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. Este último informe, de 5 de octubre de 2012, de la ausencia de responsabilidad contable alguna en las contrataciones señaladas en su día.
Si bien el juzgado había decidido investigar cada uno de los asuntos por separado, el letrado que representa al Ayuntamiento ha pedido, vía recurso, a la Audiencia coruñesa, la acumulación de las causas, al considerar que todas están relacionadas.
Ahora será el alto tribunal gallego quien resuelva estas cuestiones. Por de pronto, ya ha empezado a citar a algunos de los testigos relacionados con esta causa. n
