9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
El Ayuntamiento de Betanzos denunció ante la Unión Europea por la exención del 95% en la base imponible del IBI a Autopistas del Atlántico SA, que se aplica de acuerdo a una bonificación fiscal aprobada en una ley de 1972 y que seguirá vigente hasta 2023.
Esta bonificación, sin compensación alguna por parte del Estado, colisiona frontalmente con el mandato del artículo 9.2 de la Carta Europea de Autonomía Local al privar a los ayuntamientos de una parte muy importante de sus recursos financieros para hacer frente a sus competencias, según explicó en las últimas horas un portavoz del Gobierno de Ramón García Vázquez.
Es más, en este caso, la institución municipal considera que no solo se le priva sino que, en realidad, “son los betanceiros los que asumen tal bonificación usando o no la Autopista-9”.
En cuanto a los números que se computan en la denuncia, la Tesorería Municipal de Betanzos calcula que la cantidad que dejó de percibir la entidad local en los últimos cuatro años supera el medio millón de euros (519.429).
Compensación
Los servicios municipales entienden que no puede existir una norma jurídica que contravenga los principios de los Tratados de la Unión Europea y, en este sentido, consideran que la exención del 95% en la base imponible del IBI genera una disminución de los ingresos de la Administración local, y, en definitiva, una quiebra del principio de suficiencia financiera que sanciona la Carta Europea de Autonomía Local, sin que el Estado compense de ninguna otra forma a los entes locales de esta exención o disminución de ingresos para hacer frente a sus competencias previstas en la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Además, según el mismo portavoz, existe una Jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo que señala que no hay obligación por parte del Estado en compensar a las entidades locales por dicha exención ni éstas tienen derecho a exigírselo al Estado.
En definitiva, la bonificación en la cuota del IBI, sin compensación alguna por parte de la Administración del Estado, colisiona frontalmente con el mandato del artículo 9.2 de la Carta Europea de Autonomía Local. Pero también con el artículo 107.1 del Tratado de la Unión Europea, al establecerse una ayuda del Estado que es incompatible con el mercado común, explicaron desde el Gobierno de Betanzos.
Cambios
Esta exención se establece en una ley aprobada en el año 1972 y seguirá vigente hasta 2023. Desde el año 2002, las autopistas de peaje son consideradas por ley Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices), pero la exención se mantuvo para algunas de ellas, como en el caso de la Autopista del Atlántico, mientras que las nuevas concesiones ya no gozan de este beneficio fiscal en ninguna parte de España.
Así, según los cálculos de una consultora madrileña que convocó a los representantes de estos ayuntamientos a principios de este año, los municipios de la provincia de A Coruña deberían estar percibiendo por este concepto algo más de cinco millones, mientras que ahora solo obtienen el 5% de esta cantidad, y con la denuncia ante Bruselas, esperan recuperarlos con carácter retroactivo, lo que podría elevar la cuantía a satisfacer a estos ayuntamientos hasta los 50.
