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sábado | 20 abril | 2024
Uno de los asuntos más espinosos del mandato de Ernesto Anido ha sido el de la coordinadora. Desde el primer momento defendió la contratación de esta figura y trabajó sin descanso para que se hiciera efectiva. Con o sin el apoyo del resto de la corporación e, incluso, de sus entonces socios de gobierno.
Pero lo cierto es que el puesto de coordinador solo le ha traído problemas al alcalde. La persona que vino en primer lugar, en la primavera de 2013, María Belia Vellón, asesora jurídica en el Ayuntamiento de Culleredo, apenas duró cuatro meses en el cargo. Meses después, entrando en Navidad –a punto de producirse la ruptura del gobierno local–, llegó Javier García, que estuvo otros tantos meses ya que, en su caso, era por contrato menor precisamente para ese período de tiempo. Pero lo que realmente le ha dado quebraderos de cabeza a Anido fue la denuncia del concejal del PDSP, Emilio Gómez López, y del Ministerio Fiscal, por el proceso de contratación de Belia Vellón.
A raíz de que Gómez lo pusiera en conocimiento del fiscal, a Anido se le imputó un delito de prevaricación administrativa, por el que tuvo que declarar en diciembre de 2014.
Transcurridos unos meses, podría ser que esta causa contra el alcalde de Sada se termine archivando por parte del juzgado de instrucción número 1 de Betanzos.
auto
Este diario ha tenido acceso al auto que dictó esta instancia el pasado 7 de abril, en el que se requiere al querellante, Emilio Gómez López, que en un plazo de diez días preste la fianza de 6.000 euros para que pueda personarse en calidad de acusador popular. Entendiendo, asegura el escrito de la jueza, “que se aparta de la querella presentada en caso de no atender a la fianza exigida”.
Pero el concejal del Partido Demócrata Sada Popular apenas tardó una semana en hacerlo, enviando a continuación su procurador un comunicado al juzgado betanceiro para transmitirle que, atendiendo al requerimiento que se le hace en el auto, se adjunta el aval –expedido por una entidad bancaria– por valor de esos 6.000 euros de la fianza solicitada para que se persone como acusador particular. De esta forma, la causa continuará adelante, pero la exigencia de este aval y la advertencia previa de que se apartaría de la querella a Gómez López en caso de no presentarlo hace pensar en un posible archivo de este asunto.
