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sábado | 27 abril | 2024
La denuncia pública del retraso del pago de las expropiaciones del paseo marítimo llegó en octubre del año pasado. El Ayuntamiento de Arteixo afirmaba que estudiaría “caso por caso” las reclamaciones de los afectados y aludía a que estaban pendientes algunas sentencias. Uno de esos autos firmes provocó que el gobierno local autorizase el pago de 32.000 euros por la ocupación de unos terrenos de la playa de Arteixo a Sabón. Pero, el mes pasado, se anuló esta orden al detectar que se habían “ocupado unos metros más”.
En una junta de gobierno aparece enunciado que un “error judicial” provocó que se mandase un dato erróneo al Jurado Provincial de Expropiación. La sentencia firme por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenaba que se remitiese al jurado la documentación en la que se recoge que “el Ayuntamiento en realidad ha ocupado unos metros más que los expropiados documentalmente”.
Ante esta situación, el Ayuntamiento considera que no procede ingresar “el pago de la cantidad global de las fincas ocupadas hasta que el Jurado Provincial realice la valoración de los metros ocupados que no fueron documentalmente expropiados”.
La recomendación de los servicios jurídicos es que solo se proceda a pagar “lo ya valorado”, por lo que se acuerda dejar sin efecto la decisión de enero de ingresar los 32.132 euros.
Sin respuesta
En octubre del año pasado, un vecino señalaba que al menos cuarenta propietarios habían sido expropiados para construir el paseo por el litoral arteixán. Después de ocho años, decidió presentar por registro un documento en el que le recordaba a la administración la deuda que tenían con él. Sin embargo, siete meses después, afirma que todavía no ha recibido respuesta municipal.
Una de las quejas de los propietarios es que, si en un principio iban a ocupar pocos metros, al final “foi moito máis”. Otro expropiado indica que frente a los cien previstos, la ocupación fue de trescientos. En esta línea, apuntan que la obra construida no se corresponde con lo que aparecía detallado en el proyecto original.
No obstante, parte de los dueños de los terrenos rubricaron en su día un convenio urbanístico. En este sentido, desde el gobierno local explicaban que se trataban de “cesiones anticipadas”.
Un término que se aplica porque no hay plan urbanístico. Es decir, cedieron al Ayuntamiento lo que les correspondía en “concepto de zonas verdes”. De este modo, los que “decidieron firmar” no pueden volverse atrás o reclamar ahora algo distinto de lo que aceptaron en 2004.
