9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
El Ayuntamiento de Arteixo acaba de presentar en el juzgado contencioso-administrativo número 4 de A Coruña dos recursos de apelación contra las dos sentencias notificadas al municipio sobre el caso Aqualia.
La primera sentencia, en la que se condenaba a la empresa de aguas a pagar 12,8 millones de euros al municipio, se intentó anular hace unos días con una providencia enviada por la jueza Rosa Agrasso, que alegó haber enviado un “borrador” del documento por “error informático”. El Gobierno de Carlos Calvelo entiende “que esta sentencia tiene vigencia” y de ahí que interponga recurso, porque cree que la indemnización de la compañía al Ayuntamiento debería ser superior a 12,8 millones, dada la “mala gestión” del servicio de aguas entre los años 2005 y 2013.
En la segunda sentencia, notificada el 12 de enero, la jueza indicaba que la cuantía a pagar por Aqualia debe ser de 12,3 millones y no de 12,8. Apuntaba que el relleno del depósito de Pastoriza, que acometió el Ayuntamiento con camiones cisterna por valor de 542.000 euros, no ha de ser incluido en la cuenta indemnizatoria de la empresa. Este documento fue el enviado por la jueza para notificar la “anulación total” de la primera sentencia.
Vulneración de leyes
El Ejecutivo municipal ya ha señalado que estas actuaciones judiciales pueden generar indefensión al municipio. La semana pasada presentó unas alegaciones y otro recurso de reposición, señalando que la providencia que pretende anular la sentencia primera vulnera las leyes procesales que regulan la nulidad de sentencias.
Ahora lanza otros dos recursos de apelación para reforzar los argumentos legales de la parte pública frente a la empresa que, como ya sentenció el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en febrero de 2016, había llevado a un estado “calamitoso” la red de abastecimiento y saneamiento de Arteixo utilizando unas “deficientes prácticas empresariales”.
La sentencia del TSXG también señaló a Aqualia como una empresa que no “consta que hiciese honor a los compromisos de eficacia técnica e inversión financiera inicialmente proclamados”. El Gobierno arteixán anunció en las últimas semanas, también, que estudia pedir amparo al Tribunal Constitucional para que medie en este caso.
