10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El nombre de Manuel Álvarez Martínez saltó a la palestra por la operación “Pokémon”. Representante de la constructora Bruesa, ayer, Álvarez Martínez regresó al banquillo de los acusados, aunque no por la trama de conocida trama de corrupción, sino por un supuesto delito de estafa por la venta de naves de la antigua Mafriesa, que son ilegales y sobre las que existe una orden de derribo (de la división interior del antiguo matadero).
La acusación particular pide seis años de cárcel, además de una multa de 19.000 euros y una indemnización que se concretará en futuras instancias. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita, al igual que la defensa de Álvarez Martínez el sobreseimiento de la causa al entender que “no existe delito penal, porque no hubo engaño” cuando vendió una nave al matrimonio que le ha denunciado y llevado a los tribunales.
Todas las partes están de acuerdo en que la remodelación que se efectuó en el matadero es ilegal ya que hay incluso sentencia del Tribunal Supremo. En lo que difieren es en si hubo o no “malicia” a la hora de construir o vender las naves que formaban parte de un proyecto industrial de 100.000 metros cuadrados, divido en dos y que en la parte de las parcelas no se completó.
La siguiente de las cuestiones que se plantearon en el juicio fue la responsabilidad que Álvarez Martínez tenía en realidad en las decisiones o actuaciones de la Bruesa.
Responsabilidades
El arquitecto que redactó el proyecto “asesoró ala empresa. No podía cambiar el uso y en la remodelación del matadero no incluye los usos y ahora, los desmanes de los promotores lo tiene que pagar los ciudadanos”, indicaba la defensa. Para el letrado, el apoderado de Bruesa, que se declaraba en la “Pokémon” consejero delegado, es un “cooperado necesario”, por lo que tenía que saber que el edificio está en suelo rústico, afectado por la Ley de Costas y conocedor de la publicidad que se hacía sobre el parque empresarial.
Otro de los aspectos que destaca es que el polígono se anunciaba con una superficie de 100.000 metros cuadrados. “Desistieron del proyecto empresarial y a pesar de ello siguieron vendiendo. La nave está terminada pero con problemas. Lo hizo con malicia y no hay dudas de que es ilegal y, además, entregaron la nave, pero no en un parque empresarial”, cuyos negocios “funcionan en la ilegalidad”.
Para la defensa de Álvarez Martínez, la situación cambia considerablemente. Entienden que “no era socio ni administrador” de Bruesa y tampoco tenía responsabilidad en la publicidad ni en las ventas ya que este apartado lo gestionaba otra empresa. “No conocía a los compradores y solo acudía –al notario– el día de la firma”.
Para su abogada, “el tema urbanístico no tiene nada que ver” con un delito de estafa y recordaba que el Ayuntamiento “firmó un convenio con Gesai (antigua Bruesa) por el que se comprometía a recalificar el suelo a urbano o urbanizable” a través de un PGOM que fue revocado.
Sin abandonar la irregularidad urbanística, enfatizaba que el gobierno local intentó legalizar la obra a través de un plan sectorial que no terminó de cuajar. Ante esta situación, “nadie desistió del proyecto empresarial, hubo informes desfavorables y no hubo engaño porque fue por imposibilidad”.
Otro de los puntos que mencionaba fueron que el Ayuntamiento defendía que el suelo era urbano y al “principio la Xunta estaba a favor”. Así que, “primero, que se pongan de acuerdo” entre las administraciones.
Además de manifestar que “no hubo engaño” porque se “cumplió con el contrato”, la letrada ponía en el punto de mira al Ayuntamiento de Arteixo y su responsabilidad ante esta situación. “Gesai tienen una reclamación contra el Ayuntamiento y podrá solicitar por la vía civil la indemnización” que considere.
