11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El juez del juzgado de lo social número 3 ha dado la razón a un empleado del servicio de transporte adaptado que denunció al Ayuntamiento y a la empresa Avan por despido nulo. De este modo, tal y como explica el abogado de la defensa, David Pena, la administración tendrá que integrar en su plantilla al empleado.
Pena argumentó en su alegato que este trabajador desempeñaba sus funciones a las órdenes del personal municipal de Servicios Sociales. Además, era el Ayuntamiento quien le proporcionaba el material y la oficina en la que ejercer su trabajo. Este hecho ya había sido reconocido por un magistrado anterior que le dio la razón a esta persona que denunció a la administración por cesión ilegal de trabajadores.
La sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento, a la vez que el empleado fue admitido en su puesto y despedido por la empresa Avan. Pena explica que a raíz de esta situación, denunciaron de nuevo a las partes por despido nulo. Ahora, el juez les da de nuevo la razón y señala que el verdadero empresario es el Ayuntamiento, mientras que Avan era un mero ente instrumental, subraya Pena.
Otro de los puntos que destaca el letrado es que en la sentencia se reconoce que el despido fue una consecuencia directa de que gañou o xuízo por cesión ilegal, por lo que declara nulo el despido.
Cumplimiento > Para hacer efectiva la sentencia, el gobierno local tendrá que admitir a este empleado en su plantilla para que ejerza el mismo puesto que venía desempeñando durante años como administrativo del transporte adaptado.
En referencia a esto, Pena señala que la sentencia no es firme, pero que van a solicitar su ejecución al entender que afecta ao dereito fundamental dos traballadores, si la junta de gobierno local decide recurrirla, un trámite que tendría que hacerse efectivo en el plazo de cinco días desde que se comunique el fallo del juez.
A mayores, Pena aclara que el trabajador debe volver a su puesto y que, en el caso de que la administración lleve a cabo una desnaturalización de dicha readmisión, la CIG se encargará de llevar a los tribunales lo que entiendan como una irregularidad.
Por otra parte, el Ayuntamiento y la misma empresa (que fue adjudicataria del mencionado servicio durante el año pasado, mientras que éste, ganó el concurso Autos Rico) se enfrentarán a un nuevo juicio en los mismos términos que el que acaba de ganar la CIG por otros dos empleados que fueron despedidos y que ejercieron durante años de conductores del transporte adaptado.
