9º-13º
viernes | 26 abril | 2024
Más allá de que el Ayuntamiento logre legalizar el polígono de Suevos, los servicios jurídicos municipales recomiendan hacer caso al Supremo. El alto tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Arteixo contra la orden de derribo de las divisiones del antiguo matadero de Mafriesa. El gobierno local se ha mostrado convencido de poder evitar dicha sentencia, pero, una vez que este fallo, que es firme, ha entrado en el registro, la letrada recomienda proceder a su “ejecución”.
La primera sentencia, ratificada por el Supremo, ordenaba una revisión de oficio de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento en 2001 para la consolidación del edificio que dio lugar al polígono de Suevos. No obstante, esta actuación fue declarada ilegal al no contar con la autorización autonómica, por lo que son “ilegalizables”, al mismo tiempo que se ordenaba la demolición de las obras ejecutadas y el “cese de actividades sin autorización autonómica en el plazo de dos meses, con apercibimiento de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento”.
La intención explica en varias ocasiones por el gobierno local era incluir este terreno dentro de la demanda de suelo industrial del Puerto Exterior. Con ello, añadían, se conseguiría la legalización del mismo. Pero, atendiendo a la postura de los servicios jurídicos, la junta de gobierno local decidió iniciar el expediente de reposición de la legalidad para dar el “cumplimiento estricto del fallo” de la sala de lo contencioso.
SAnciones
El plazo para ejecutar la sentencia era de dos meses. Por ello, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística impuso una primera multa coercitiva a la propietaria del polígono.
El anuncio llegaba el mes pasado, mientras que en el Ayuntamiento señalaban que no tenían notificación oficial de dicha sanción. Cuando llegase el escrito autonómico tomarían una decisión al respecto.
Sobre la supervivencia del polígono de Suevos, una vez conocida la sentencia del Supremo, el concejal de Urbanismo, Alberto Castro, señalaba que para el derribo efectivo de las naves faltaría un trámite judicial que debería emprender la Xunta.
Como el auto hace referencia a la revisión de las licencias, el edil manifestaba que el Ayuntamiento no puede realizar este trámite puesto que fue la administración que concedió los permisos. Por ello, “o demandante –es decir, la Xunta– debe ir a un contencioso porque é un xuíz o que debe anular esas licencias”.
De las palabras del concejal se entiende que, a pesar de que Medio Ambiente considere ilegalizables estas instalaciones, la actividad industrial podría permanecer inalterable aunque de una manera irregular. De hecho, incluso el depósito de la grúa de Arteixo se encontraría en esta situación.
Por último, cabe recordar que la instalación en sí no tendría problemas urbanísticos puesto que data de los 60, a lo que se opone la Xunta, al tratarse de protección de costas, es a la actividad que allí se desarrolla. n
