ARTEIXO-Aqualia achaca a Augarsa toda las carencias que sufre la red de aguas

Aqualia presentó el 20 de enero las alegaciones contra la reclamación exigida por el Ayuntamiento de Arteixo de 29 millones de euros. Entre las tesis que defienden para no responsabilizarse de esta cuantía es que era Augarsa la empresa “encargada de gestionar el servicio”. Como entidad como personalidad jurídica propia, sería esta sociedad “quien al no haber realizado una gestión razonable del mismo, habría causados los daños y perjuicios que se imputan –por parte del Ayuntamiento– a Aqualia”.
 Este documento fue entregado en el Ayuntamiento el pasado día 20, casi al final de la prórroga concedida –a petición de la empresa privada– por el pleno el día 3 de enero. Además, Aqualia solicitó a continuación un tiempo a mayores para aprobar las pruebas que considerase necesarias. Los ediles le concedieron ayer otros 15 días de prueba y rechazó devolverle el aval.
Aqualia inicia sus tesis asegurando que la administración solo puede pedir una indemnización por daños “en su patrimonio” y nunca puede exigir por esta vía “el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato”. Por ello, continúa el texto, “la exótica licitación que pretende el Ayuntamiento no resiste el mínimo análisis jurídico”.
La expresión no sentó nada bien al gobierno local. María Riveiro consideró la palabra como una “falta de respeto a los vecinos”. No entienden, señaló la concejala de Hacienda, que “le resulte gracioso el estado calamitoso de la red”. En vez de “exótico”, el alcalde, Carlos Calvelo, hablaría de “lamentable gestión”, apuntó el mandatario.

Inversiones
La parte privada considera un “disparate” que el gobierno local considera que “la falta de inversión es un daño en sí mismo”. Además, expone que el plan de inversiones “que Augarsa ha cumplido escrupulosamente se definió en su consejo de adminsitración del 30 de mayo de 2005”. Continúa el documento con una hipótesis: en el casos de que estas inversiones hubieran sido “tan relevantes”, afirman, “lo lógico es que el Ayuntamiento hubiese solicitado las mismas de manera reiterada antes de proceder a la incoación de un expediente de resolución por culpa imputable al contratista”.
En la misma línea, recuerda un fragmento del dictamen del Consello Consultivo en el que destaca a “laxitude na vixilancia e control” por parte del Ayuntamiento y menciona también que esta actitud puede tenerse “en conta á hora de proceder á liquidación do contrato”.
Para Riveiro, estas palabras de Aqualia hacen “pensar que irán contra los consejeros en función del número de años que hayan estado”. Calvelo va más y cree que es una “amenaza” para intimidar a los concejales.
“El contrato debía generar beneficios, pus toda concesión los genera”, apuntan desde Aqualia. Entiende que, además, llevaron a cabo obras no previstas con lo que tuvo que “sacrificar otras inversiones más productivas”. Añaden que el estado de la red era “muy precario” y estiman que el rendimiento era del 52%. En el mismo apartado aseguran que el “desvalor es meramente ficticio, no se ha producido una inspección material del estado de la red”.
Calvelo recuerda las auditorías encargadas desde que comenzó el proceso de liquidación de la empresa mixta. Responde sobre el estado de la red que “reconocen que en 2005 había un 52% de pérdida y se van en 2013 con un 55%”.
Aqualia defiende que si las obras “no podían” ejecutarse por una empresa, “lo que ha dado a entender el Ayuntamiento con el rescato del servicio, entonces resultaría que el objeto del contrato devino imposible cuando se incumplieron las expectativas de crecimiento demográfico realizadas por el Ayuntamiento”. El gobierno “no ha justificado sus obligaciones” como el PGOM o el Puerto Exterior.
Calvelo incide en que el servicio se “intervino” porque es “básico y esencial”. Riveiro añade que las expectativas que menciona la empresa “las realizó Aqualia” y recuerda que el Puerto Exterior es “supramunicipal”.