Anido se reafirma en la legalidad de la contratación de la coordinadora

El exalcalde de Sada, Ernesto Anido, se reafirmó ayer en que se atuvo a la legalidad cuando procedió a la contratación de una coordinadora general para el Ayuntamiento de Sada.

El exrregidor insistió, durante la segunda y definitiva sesión del juicio abierto contra él y la excoordinadora, María Belia Vellón, en que es inocente de los cargos de prevaricación administrativa de los que se le acusa.

También fue llamado a declarar, en calidad de testigo, el concejal del PDSP José Emilio Gómez, cuya denuncia derivó en este proceso judicial, que afirmó que el propio Anido le reconoció que “tenía un compromiso” para adjudicar la plaza a la persona con la que compartió banquillo a lo largo de dos sesiones.

“Oí comentarios por el ayuntamiento de que la plaza ya estaba dada, por lo que fui a pedir explicaciones”, dijo Gómez, que formó parte del Gobierno local que presidió Anido.

Además, acusó al exmandatario local de cesar a todos los concejales del PDSP por haber presentado él un voto particular, en un pleno de diciembre de 2013, contra una nueva adjudicación de la plaza de coordinador general, tras ser también cesada Vellón de sus responsabilidades.

Precisamente, fue tras este episodio cuando Gómez presentó la denuncia contra Anido, al tiempo que aseguraba que no le hizo con anterioridad porque carecía de la documentación necesaria.
A lo largo de esta última sesión también declararon otros dos testigos, que formaron parte del tribunal de evaluación para cubrir la plaza de coordinador.

Ambos coincidieron en que desconocían cómo se desarrolló el proceso de elaboración de las bases y si, en él como afirman el Ministerio Público y la Acusación Popular, participó la procesada. Asimismo, aseguraron que no les “llamó la atención” que se les pidiese formar parte del tribunal evaluador porque ya lo habían hecho en anteriores ocasiones.

Durante las conclusiones finales, la Fiscalía elevó a definitiva la petición de nueve años de inhabilitación tanto para el exalcalde como para la excoordinadora.

Considera que el primero es autor de un delito de prevaricación administrativa, mientras que califica a Vellón como cooperadora necesaria. Insistió en acusar a Anido de tener la decisión tomada de antemano pese a los informes desfavorables de los habilitados nacionales.
Por su parte, las defensas de los acusados solicitaron la absolución porque, según ellos, no se pudo probar la acusación.