Abren juicio oral contra el alcalde de Camariñas por el tema del tanatorio

Iván Barallobre, juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Corcubión, en un auto fechado el pasado día 7, ha decretado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León, por permitir la puesta en marcha de las instalaciones del tanatorio municipal de Camariñas  “cuando estaba expresamente prohibido su uso”. En la resolución se recuerda concretamente que el regidor autorizó la utilización del hogar funerario pese a contar con el informe desfavorable de los servicios de Secretaría e Intervención del Concello de Camariñas.
El juez entiende así que el alcalde dictó “una resolución contraria a derecho” y que decidió “permitir el uso del tanatorio cuando estaba prohibido”. El magistrado prosigue su argumentación indicando que “tal decisión de permitir el funcionamiento de una instalación que no podía ser utilizada”, fue adoptada por el regidor mediante una resolución contraria a derecho y en la que todo apuntaba a que supondría una contradicción flagrante y notoria del ordenamiento jurídico existente. Insiste además en que por parte de la secretaria y de la interventora se advirtió al señor Alonso de León, verbalmente y por escrito, que, lógicamente, no podrá iniciarse la actividad del tanatorio” por ser contraria a derecho.
Al respecto del sobreseimiento provisional de las actuaciones solicitado por el Ministerio Fiscal, el juez Iván Barallobre entiende que no ha lugar a admitir la solicitud por cuando las diligencias instructoras practicadas “objetivan una conducta probablemente subsumible en el tipo penal de prevaricación administrativa”. 
El órgano judicial recuerda que en septiembre de 2013 la Xunta dictó una resolución por la que denegó la autorización para el funcionamiento del tanatorio municipal de Camariñas, decisión que sería recurrida por el Concello. En tal situación, añade el juez, “se entiende que concurrirían los suficientes elementos como para abrir el trámite del juicio oral, a fin de que se produzca un debate público” que permita una valoración definitiva sobre si la actuación del alcalde puede ser constitutiva a no de un delito de prevaricación.