Los 19 de Meirás declararán en unos días ante el juez por el “asalto” al pazo

Doce meses desde la “ocupación simbólica” de Meirás. El 30 de agosto de 2017, una veintena de activistas conseguía acceder al inmueble y desplegar dos pancartas con una consigna común que continúa vigente e incluso más viva: “Franquismo, Nunca  Máis”. Una de ellas, de grandes dimensiones, desde lo alto de la emblemática Torre de la Quimera. Unos hechos por los que deberán responder en las próximas semanas en el Juzgado de Betanzos. 
Un año después, volvieron a concentrarse delante del pazo para incidir en su demanda: “O pazo é do Pobo Galego”. Convencidos de que su acción, de trascendencia internacional, abrió un nuevo escenario, “reactivou o debate social e político sobre a recuperación do pazo e meteuno na axenda política galega”, expuso Anxo Louzao, uno de los portavoces de los diecinueve ciudadanos a los que los herederos del dictador y la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) denunciaron por el “asalto” a Meirás. Porque “se hoxe se fala tanto de Meirás, da Casa Cornide da Coruña, de Abraham e Isaac... é grazas a accións coma esta”, añadió Louzao. 
Sin embargo, “o obxectivo principal”, la incorporación del inmueble al patrimonio público, sigue sin cumplirse: “Non pararemos até conseguilo”, hasta que Galicia recupere As Torres que pertenecieron a Emilia Pardo Bazán. 
Una cuestión que para los 19 de Meirás es “necesaria” y es “posible”, pero que depende de la existencia de “vontade política”, como la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
 
Prisión
En la demanda, interpuesta por Carmen Franco Polo, José Cristóbal Martínez-Bordiú Franco y la FNFF por supuestos delitos de odio, contra el honor, daños y allanamiento de morada, los denunciantes solicitan multas que suman medio millón y penas mínimas de tres años y medio para cada uno, hasta trece, que multiplicado por los diecinueve son 247.
“É o mundo ao revés, nos acusa quen tería que estar totalmente ilegalizado, a Fundación Franco, que fai apoloxía do franquismo, pero continúa sendo legal e recibindo fondos públicos, e quen está disfrutando do botín de guerra expoliado”, los herederos de Francisco Franco.
El portavoz de los activistas reiteró que “reclamamos exclusivamente algo que nos pertence a todos os galegos, algo expoliado por un golpe de estado terrorífico”. 
A partir de septiembre, y aunque no están citados todos ellos, empezarán a declarar en Betanzos. De momento, el ministerio fiscal no se ha pronunciado, lo que para los acusados supone “outra anomalía democrática” como “outras que hai en España”. l