Los promotores dudan de la validez de las licencias para el Ofimático

El ciclo de debates “Soluciones Políticas a Problemas Ciudadanos”, organizado por la Asociación Metropolitana Coruña 3.0, lanzó ayer en el salón de actos del Casino una pregunta “Que facemos co parque Ofimático?”, a la que contestaron el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que aseguró que una vez terminasen las obras concederán las licencias de primera ocupación; el concejal del PP, Martín Fernández Prado; y el edil socialista José Manuel Dapena, que le reclamaron al edil que siguiese la hoja de ruta de la urbanización y ampliase el radio de acción. 
Al encuentro acudieron representantes de afectados como el presidente de Aproinco (Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña), Juan José Yáñez, que cuestionó hasta qué punto se sostendrán jurídicamente las licencias de primera ocupación si no se sigue adecuando el perímetro. 
El edil justificó la situación alegando que primero terminarán la obra asignada a la UTE encabezada por Arias cuyo contrato de obra termina hoy y que ellos otorgarán el permiso sí o sí para que los cooperativistas puedan vivir en sus casas. 
Sin embargo, desde la parte implicada con piso en el terreno se pone en duda que el Gobierno local pueda llevar adelante el asunto si no cuenta con el “ok” de los arquitectos municipales. 

En todo caso, Xiao Varela no puso fecha para el final de los trabajos y los concejales de PP y PSOE, Fernández Prado y José Manuel Dapena, coincidieron con los promotores en que la solución pasa por seguir el convenio firmado. Yáñez dijo no entender porqué no lo cumplen, a lo que Varela recordó que tiene vigencia hasta 2020 y que de ampliar la urbanización, se arriesgan a no recibir las cuotas de los promotores. En este sentido, el portavoz de estos aseguró que sí asumirían los costes de un parque que cruza la avenida de Alfonso Molina, para la que el Ayuntamiento anunció una modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) con el fin de desafectar a las casas de Elviña. 
A este respecto, tanto Martín como Yáñez le hicieron ver que lo principal era darle luz verde a un barrio que pide emerger tras diez años de espera y que cambiar el plan supondría una tramitación larga y engorrosa de entre siete y 15 años, pudiendo dejar este tema en “stand by” mientras no le dan salida a las viviendas.