La Policía recibe cerca de 40 denuncias al año por okupación en A Coruña

Como todo lo que tiene que ver con el problema de la vivienda, en los últimos años la okupación ha generado mucha polémica. En parte, porque se confunde los inquilinos morosos (lo que se ha dado en llamar ‘inquiokuopas’) con los verdaderos okupas. Aunque no existen cifras oficiales del Poder Judicial al respecto, las autoridades señalan que en A Coruña se reciben al año 40 denuncias de okupación solo por vía penal.

Hay que tener en cuenta este matiz, porque muchas de estas cuestiones se llevan por la vía administrativa. Las penales son aquellas en las que el dueño del edificio acude a la Policía Nacional y pone allí la denuncia y, solo de estas, hay casi 40. Según las mismas fuentes, en lo que va de año se está manteniendo un ritmo parecido, una media de tres al mes. “Han descendido un poco, pero en general se mantiene estable”, apuntan.

Pero otro punto importante, que conviene dejar claro, es que estas denuncias pueden ser allanamientos de morada o usurpaciones. En el primer caso, se trata de que alguien irrumpe en un hogar, la vivienda actual de una persona, y se apropia de ella cuando está de vacaciones o ausente por otro motivo. Este es, desde luego, el supuesto que más preocupa al público, que teme encontrarse con que no puede entrar en su propia casa. Sin embargo, de las 40 denuncias anuales, las fuentes consultadas confirman que muy pocas son allanamientos.

Lo más habitual es que, al hablar de okupación, se refieren a lo que se conoce legalmente como un delito de usurpación de bienes, y se produce cuando alguien se instala en una inmueble deshabitado pero que tiene dueño. Es el caso del incidente de ayer en la calle Orzán, donde irrumpieron varios sujetos en un edificio propiedad de la Cocina Económica. Pudieron ser expulsados, pero en realidad, los propios agentes de la Policía Nacional reconocen que es un caso raro.

Sin apenas castigo

“Podemos hacer bien poco porque no se puede detener a alguien por un delito de usurpación porque apenas tiene pena”, confiesa un agente. Lo habitual es que lleguen al lugar (normalmente advertidos por un vecino) e identifican a los sospechosos, pero no van más allá. “Tomamos todos los datos que sirvan para acreditar la titularidad de la vivienda y redactamos los atestados de la forma más completa posible”, explican. Otros puntos a concretar son si se han enganchado a la luz (defraudación de fluido eléctrico), si hay menores en el edificio okupado o si están consumiendo drogas. “Se trata de facilitar el trabajo de fiscales y jueces”; apuntan.

Hay que decir que, según fuentes municipales, a día de hoy existen cerca de 30 edificios con un okupa en su interior, y los datos de la Policía Local indican que, por lo menos en tres ocasiones durante el año pasado, tuvieron que hacer una inspección en un inmueble okupado, porque nadie está a salvo de este problema, ni siquiera el Ayuntamiento. Como ejemplo, basta con recordar la calle Barrera, donde se declaró un incendio en el número 30 hace ya un mes, en un piso donde pernoctaban dos okupas. El lugar fue tapiado un par de días después, un final que es bastante común en las historias de okupación.

Sin mafias

“La mayoría están en construcciones en zonas urbanas y las viviendas se encuentran en mal estado de conservación. Algunas en estado de ruina”, comentan fuentes policiales. En el lado positivo, las autoridades no han detectado en A Coruña organizaciones que se dediquen a facilitar la intrusión o la permanencia en un inmueble okupado, como ocurre en otras ciudades.

El problema es que, en muchos de los casos, los okupas presentan problemas de toxicomanía o exclusión social. Esto hace la vida imposible a los vecinos, que denuncian peleas y tráfico de drogas. “El trasiego de gente produce inseguridad –admiten los policías– pero muchos narcopisos están ocupados legalmente”. Pero ellos mismos lo reconocen: “En cierto modo, sí que existe impunidad”.