El Ayuntamiento devolverá este año los pisos adquiridos en 2018

El 30 de diciembre, el Gobierno local y la Marea presentaron un plan conjunto para una política de vivienda que supone ampliar el parque municipal, que actualmente es de 403 pisos. Lo que no se mencionó es que esperan solventar este año los problemas legales derivados de la anterior compra de viviendas, durante el mandato de la Marea, cuando se declaró ilegal la adquisición de media docena de pisos. Fuentes municipales reconocen que todavía se encuentran en trámites de comunicación con los vendedores para que devuelvan el dinero percibido. Sin embargo, esperan que se alcance la solución final durante este año.

Las mismas fuentes reconocen que se trata de un trámite largo. La revisión de oficio, verificado después por el dictamen del Consello Consultivo, no dejó dudas sobre el hecho de que las compras no habían sido correctas. El escándalo estalló en 2018, después de que el Gobierno de Xulio Ferreiro convocara un segundo concurso de compra de viviendas (el primero se declaró desierto) con un presupuesto de 1,26 millones de euros y decidiera adquirir seis por 383.000 euros, a pesar de que no todas cumplían con los requisitos del concurso, lo que suscitó numerosas protestas. El propio concejal de Urbanismo, Xiao Varela, tuvo que reconocer que el concurso de compra de viviendas para alquiler social había supuesto un fracaso –“é evidente que o proceso saíu mal”–, puesto que tres de los seis pisos adquiridos eran nulos, según la doctrina del Consello Consultivo. Entre las irregularidades se incluían pisos que no habían sido inscritos por el propietario o no estaban orientados debidamente

Degradación

La decisión del Gobierno local de anular la compra no sentó nada bien a alguno de los vendedores. Alguno manifestó su intención de demandar por daños y perjuicios al Ayuntamiento. Fue el comienzo de un lío legal en el que cuatro años más tarde, el municipio sigue empantanado. Mientras tanto, estas viviendas, muchas de las cuales necesitaban ser reformadas antes de ser puestas en alquiler, han seguido degradándose.

A día de hoy, una de las viviendas adquiridas en ese concurso, está situada en el número 30 de la calle Barrera, un edificio en el que ya se han producido dos okupaciones, lo que preocupa a las autoridades, dado que serían ellas las que tendrían que iniciar los trámites del desalojo, lo que alargaría aún más el proceso. Situaciones como esta se evitarán en el próximo concurso de viviendas, que prepara el Gobierno de Inés Rey.

Sellan un piso del número 30 de la Barrera para evitar okupaciones

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Local acudieron al número 30 de la calle Barrera para comprobar si el tercer piso, uno de los adquiridos de forma irregular durante el anterior mandato por parte el Gobierno local, había sido okupado. Resultó que las informaciones al respecto no eran ciertas. Sin embargo, desde la Concejalía de Urbanismo decidieron tapiar el acceso a la vivienda para prevenir futuras okupaciones. El inmueble se encuentra en estado de abandono desde hace mucho tiempo y que en dos de los pisos del número 30, el primero y el segundo, ya están ocupados ilegalmente y las puertas de los pisos tercer y cuarto piso están destrozados.