El Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas ha emitido una orden que niega la libertad bajo fianza a los acusados por el asesinato del coruñés Diego Bello. Así lo decidió la Justicia filipina en relación a Vicente Sabio B. Panuelos, Ronel A. Pazo y Nido Boy E. Cortés, quienes se enfrentan a acusaciones de asesinato y colocación de pruebas falsas en relación con la muerte del joven en enero de 2020.

Según el documento judicial, al que ha tenido acceso la plataforma Justicia para Diego, que aúna a familiares y amigos del joven coruñés, los acusados, todos oficiales de la Policı́a Nacional, fueron procesados por el homicidio de Lafuente y por la presunta colocación de pruebas falsas en la escena del crimen. De acuerdo con la investigación del NBI (National Bureau of Investigation), los hechos ocurrieron en el transcurso de una operación de compraventa de drogas llevada a cabo por los oficiales en Siargao.

Las pruebas presentadas por la Fiscalı́a incluyen declaraciones de testigos presenciales, reconstrucción de la escena del crimen y análisis balı́stico. Se destacó que la formación de casquillos disparados sugiere que no hubo un enfrentamiento armado, contradiciendo las afirmaciones de los acusados. Además, el informe forense indica que Diego Bello fue alcanzado por disparos mientras ya se encontraba en el suelo, lo que refuerza la teorı́a de una ejecución extrajudicial.

El Tribunal consideró que la evidencia presentada por la Fiscalı́a es contundente, lo que impide conceder la libertad bajo fianza a los acusados. La jueza Mary Jean Cajandab Ong fundamentó su resolución en el artı́culo 13 de la Constitución filipina, que prohı́be la concesión de fianza en casos de delitos capitales cuando la evidencia de culpabilidad es sólida.

En su fallo, el Tribunal subrayó que los acusados admitieron haber estado en la escena del crimen y desempeñar funciones especı́ficas dentro de la operación. Sin embargo, la reconstrucción de los hechos, junto con los informes refutan la posibilidad de un enfrentamiento armado y sugieren una conspiración para la ejecución de Diego Bello.

“El Informe de Investigación, respaldado por pruebas documentales, testimoniales y forenses, demostró que la muerte de Diego Bello no fue consecuencia de un enfrentamiento armado. Existen factores relevantes que refutan convincentemente la teoría de un "enfrentamiento armado", tal como se presenta en el Informe de Investigación del NBI, el cual merece credibilidad, ya que se basó en la investigación colectiva de la PNP- OCO y la PDEA, entre otros”, señalan. “Finalmente, a pesar de la conclusión de que no se recuperaron cartuchos disparados del arma de fuego entregada al sargento Pazo, el tribunal también declara su culpabilidad firme, ya que la Fiscalía pudo demostrar una "conspiración" entre los acusados. El sargento Pazo no solo estuvo en la escena del crimen, como él mismo admitió. Su prueba de parafina también dio positivo”, refrendan.

El juicio por la muerte de Diego Bello sigue programado para el 23 de julio, con sesiones de mañana y tarde. 

La decisión del Tribunal, aseguran desde la plataforma Justicia para Diego, marca un precedente en la lucha contra "las ejecuciones extrajudiciales y la manipulación de pruebas dentro de las fuerzas del orden, reforzando el compromiso del sistema judicial filipino con la justicia y los derechos humanos".

Tras conocer la decisión del Tribunal, la familia de Diego Bello expresó su satisfacción por el avance judicial, considerándolo un paso crucial en la búsqueda de justicia. Sin embargo, mantienen una actitud cautelosa y prudente, conscientes de que el proceso aún no ha concluido y que la sentencia definitiva será determinante para que se haga plena justicia.