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Sada

La Xunta reclama al Gobierno central hacerse cargo de la gestión del Pazo de Meirás

Vista do pazo de Meirás no municipio coruñés de Sada o pasado 12 de marzo
Vista del pazo de Meirás en el municipio coruñés de Sada 
Patricia G. Fraga
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La Xunta va a dirigirse al Gobierno central para reclamarle la gestión del Pazo de Meirás, una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado su titularidad pública, y también ha acordado sumarse al recurso que pueda presentar el Estado contra la indemnización a la familia Franco por los gastos en este inmueble.

Según ha informado el presidente gallego, Alfonso Rueda, tras el Consello de la Xunta de este lunes, el Gobierno autonómico tiene "la intención" de hacerse cargo de la gestión del pazo y solo hay que ver "la forma más adecuada", que podría ser una cesión o una transferencia de titularidad.

En todo caso, ha asegurado que en función del plan de usos del Pazo de Meirás la Xunta se dirigirá al Gobierno en este sentido, aunque antes le reclama también que se haga cargo de las obras necesarias para garantizar la conservación del mismo y permitir las visitas públicas "en su totalidad".

El Gobierno gallego ha analizado este lunes "los siguientes pasos a dar", tras la sentencia del Tribunal Supremo, y en primer lugar ha acordado comunicarle a la Abogacía del Estado que se sumará al recurso contra la indemnización a los herederos de Francisco Franco, "si decide presentarlo", porque considera que "procede".

Así, la Xunta se sumaría a este proceso, como ya anunció Rueda hace una semana.

Pero, además, una vez resuelta la titularidad pública del Pazo de Meirás, la Xunta instará al Gobierno a permitir "las visitas públicas en la totalidad del edificio" y hacer las obras necesarias para "garantizar la conservación" del inmueble para este nuevo acceso público.

El Tribunal Supremo confirmó hace dos semanas la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del pazo, y el Gobierno ya avanzó que el Ejecutivo central "dará la batalla" contra la indemnización que el mismo tribunal reconoce para los herederos del dictador por los gastos realizados en la propiedad.

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