Los vecinos de la urbanización O Castelo, en el monte Xalo, han iniciado acciones legales contra los ayuntamientos de Carral y Cerceda por las deficiencias en el suministro de agua de la red municipal, que se han recrudecido en las últimas semanas con la situación de sequía. Reiteran que llevan “30 años así” y consideran que el problema podría solventarse con “voluntad política”, algo que no han encontrado en estos municipios.
“No nos ofrecen ninguna solución porque dicen que carecen de competencias sobre una urbanización que es privada. En cambio, han venido estos días a haber desbroces aquí. ¿Para eso sí nos dedican dinero público? No hay nada más básico que el agua”, dice el presidente vecinal, Eduardo Palmero.
Actualmente, los ejecutivos de ambos ayuntamientos mantienen activo un reparto de agua en esta población mediante camiones cisterna, aunque los residentes lo consideran insuficiente: “Viene un día la cisterna grande, de 26.000 litros, y al siguiente un camión pequeño, con lo cual nosotros estamos bombeando un día sí, un día no, para que nos llegue para todos. Cortamos el suministro por tramos, unas veces la parte de arriba de la urbanización y otras la de abajo, porque si no, la presión no da”, explica Palmero.
Moción en el pleno
Una representación de los afectados acudió al último pleno ordinario carralés, donde estaba previsto que se debatiese una moción de Alternativa dos Veciños sobre esta situación y la necesidad de actuar con urgencia, pero “el alcalde no lo permitió”. “Siguen en sus trece, pero nosotros ya hemos puesto todo en manos de un abogado y haremos lo que tengamos que hacer. Hay maneras de traer el agua aquí, porque tenemos cerca los embalses de Meirama y As Encrobas, solo habría que poner bombeos. Así que solución hay, solo hay que querer”, asevera el presidente.
Todas las partes, incluido el Ayuntamiento de Cerceda (la urbanización se encuentra, mayoritariamente, en ese municipio), coinciden en que la solución definitiva está vinculada a la regularización urbanística del complejo residencial construido bajo normativas “bastante laxas” –apuntan fuentes locales–; al deslinde territorial entre los dos ayuntamientos implicados; al desarrollo de un planeamiento y a la aprobación de un plan medioambiental.
La comunidad de propietarios no se ha limitado hasta la fecha a plantear esta problemática a los alcaldes implicados, sino que ha propuesto diversas actuaciones que, según Palmero, deberían ser estudiadas por si pudiesen contribuir a mejorar el abastecimiento, entre ellas una revisión de las concesiones de aprovechamiento de agua existentes y el análisis de las posibilidades de optimización de los recursos hídricos cercanos.
