La aplicación de la ley ELA avanza “a varias velocidades”, con comunidades que ya pagan ayudas para cuidados especializados y otras en las que algunas familias siguen sin recibir atención efectiva o renuncian a las prestaciones por los copagos, tal y como se desprende del primer informe sobre el estado de implementación de la norma.
El estudio, elaborado por la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) y presentado este jueves por su presidente, José Jiménez Aroca, muestra avances “relevantes” en el reconocimiento del Grado III+ y la puesta en marcha de ayudas, pero también destacadas diferencias territoriales en el acceso a los recursos previstos por la ley.
Además de advertir de que el acceso a los cuidados sigue dependiendo en buena medida del lugar de residencia, se alerta también de diferencias “críticas” en copagos e incompatibilidades y retrasos administrativos que impiden que el derecho reconocido se traduzca todavía en cuidados efectivos para todas las familias.
El informe clasifica el estado de implantación de la ley en distintos niveles: en el 1, el más avanzado, están los territorios donde la ley ya se ha traducido en ayudas efectivas para los enfermos, con prestaciones aprobadas y fondos llegando a los domicilios.
En ese grupo están la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Madrid y las diputaciones forales de Vizcaya y Gipuzkoa.
En el nivel 2 están las comunidades que reconocen el grado III+ y tienen procedimientos administrativos para tramitar las ayudas, aunque estas todavía no llegan de forma efectiva a los pacientes o lo hacen de manera muy limitada.
Es el caso de Asturias, Galicia, Canarias, Extremadura, Murcia, Álava y Navarra.
El nivel 3 agrupa a los territorios donde el desarrollo de la ley sigue siendo insuficiente o donde hay obstáculos que impiden que los derechos se conviertan en atención efectiva.
Entre ellos están Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha.
