El Gobierno aprueba blindar el aborto en la Constitución
La reforma del artículo 43 de la Carta Magna requiere obtener una amplia mayoría en Congreso y Senado
El Gobierno aprobó blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado.
El Consejo de Ministros dio luz verde en segunda vuelta al proyecto de ley de reforma de este artículo tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve “constitucional” la propuesta del Ejecutivo de reconocer el derecho de las mujeres a abortar y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva.
Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa porque el Ejecutivo quiere “proteger” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y “reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional”.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección “frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco”.
“No está en riesgo la libertad de las mujeres pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional”, puntualizó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que recordó que el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos.
Dimensión prestacional
“Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública en la cartera básica de servicios de la sanidad pública es lo que está en riesgo”, reiteró la ministra que criticó que apenas el 1 de estas interrupciones se hagan en la sanidad pública madrileña o andaluza.
En Cantabria o Galicia el 60% se realizan en hospitales públicos. “Está generando una diferencia sustancial entre mujeres de primera y mujeres de segunda en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, dependiendo de dónde residan”, lamentó tras insistir en que cerca del 80% de la población española es favorable a este derecho.
Redondo explicó que se trata de una reforma por el procedimiento ordinario y que de no superarse la mayoría parlamentaria cualificada, cabría la posibilidad de la configuración de una comisión paritaria Congreso y Senado que volvería a redactar y a proponer un texto que sería votado nuevamente, siendo suficientes, en este caso con los dos tercios del ongreso y la mayoría absoluta del Senado.
No obstante, esta reforma requeriría del voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. En este sentido confió en que todos los partidos políticos, y también el PP, “estén a la altura” porque los populares “también tienen en sus filas a muchas mujeres que han pasado por una interrupción voluntaria del embarazo y deben valorar si se deben a una idea sin mas o a sus mujeres y votantes”.
Tramitación compleja
Tras reconocer que la tramitación parlamentaria “se presenta compleja” se mostró convencida de que el Partido Popular, como partido de Estado, tendrá presente lo que se juega en esta reforma constitucional.
“Lo importante es atajar los riesgos reales de una involución a un derecho que se cuestiona en Madrid, en ayuntamientos o en comunidades como Castilla y León”, dijo la titular de Igualdad tras recalcar que en Francia “hasta la extrema derecha” votó a favor de blindar este derecho.
Francia lo incluyó en su Constitución en 2024 y Luxemburgo lo hará este 2026.
La propuesta de reforma del artículo 43 introduce el punto 4 para señalar que: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias”.
Redondo afirmó que esta reforma reforzará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reconociendo y avalando esa dimensión subjetiva del derecho y de la libertad de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo.
Los obispos censuran la decisión “en favor de la muerte”
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, afirmó que la reforma aprobada por el Gobierno para blindar el aborto en la Constitución es un cambio “en favor de la muerte”, con el que el Ejecutivo utiliza a las mujeres como “coartada ideológica”.
En su cuenta de la red social X, Argüello censuró el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Carga Magna.
El presidente de la CEE opinó que el Gobierno podría haber blindado “el derecho a la vida y el apoyo a la mujer en la promoción de la maternidad en este invierno demográfico”, en lugar de hacerlo con la interrupción voluntaria del embarazo.
“Pero no, el Gobierno prefiere blindarse, proponiendo un cambio constitucional en favor de la muerte, utilizando a las mujeres como coartada ideológica”, criticó Argüello.
