La mayoría de regiones pide parar la ley docente durante dos meses
Las comunidades apoyan su solicitud en la necesidad de evaluar los costes y el calendario de aplicación

La mayoría de las comunidades pidieron este viernesparalizar durante dos meses el anteproyecto de la ley docente que reduce las ratios en las aulas y mejora la jornada del profesorado con el fin de analizar sus costes y su calendario de implantación, pero aunque el Ministerio de Educación acepta abrir un grupo de trabajo ha dejado claro que la norma seguirá su hoja de ruta.
“El anteproyecto de ley está en el ámbito del Consejo de Ministros, está en el ámbito ya de una previsible próxima tramitación parlamentaria y tiene que seguir su curso”, señaló el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, tras la reunión de la primera Conferencia Sectorial de Educación presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
Una reunión que se prolongó durante más de tres horas y en la que las comunidades gobernadas por el PP y otras como País Vasco pidieron un “paréntesis” y consensuar el anteproyecto durante un plazo de dos meses antes de que sea aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.
La mayoría de las comunidades expresaron la necesidad de conocer el coste real de la bajada de ratios en las aulas y de la reducción de la jornada docente, adaptándose a cada territorio, y criticaron que el anteproyecto solo se haya negociado con los sindicatos.
“Un grupo de trabajo que no va a alterar, ni a parar, ni va a afectar en ningún caso la tramitación del anteproyecto no sirve para nada. Esto son lentejas, si quieres las comes, si no las dejas, pero desde luego las pagas”, dijo la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades en la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, a la salida de la reunión.
Zarzalejo explicó que solo la reducción de jornada lectiva del docente va a suponer para Madrid en el 2026, 430 millones “que no tenemos en los presupuestos y no podemos asumirlo·. “Por lo tanto yo le pedí a la ministra que rectifique, que deje de asfixiarnos a las comunidades y en este caso a Madrid y que por favor nos deje trabajar. No hay razón para ahora presionarnos de está manera”, añadió.
También la consejera de Andalucía, María del Carmen Castillo, pidió en la Conferencia Sectorial “retirar” el anteproyecto y se sumó a las voces de la mayoría de cuantificar económicamente las medidas.
De la Rosa señaló que el anteproyecto “no tendrá un impacto económico sustancialmente oneroso para las comunidades, justamente porque el mapa que ya tenemos de ratio y de horario”.
“Eso no quiere decir que el grupo de trabajo no siga trabajando efectivamente para aportar, para mejorar, para matizar y converger y aportar sus conclusiones a la tramitación de este expediente.
Pero evidentemente el proyecto debe seguir adelante y tiene su hoja de ruta”, ha reiterado el secretario de Estado de Educación.
La ministra, por su parte, insistió en que “la educación es una política que siempre requiere diálogo permanente y cooperación institucional” y avanzó que el Gobierno será “flexible en lo que se pueda aportar en la tramitación parlamentaria”.
El anteproyecto recibió el informe favorable del Consejo Escolar del Estado (CEE) y contempla bajar el máximo de alumnos por aula hasta los 22 en Infantil y Primaria y hasta 25 en Secundaria, frente a los 25 y 30, respectivamente.
La norma establece que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) cuente como doble plaza y que se aplique el próximo curso 2026-27, así como una rebaja de las horas docentes hasta un máximo de 23 horas semanales en Primaria y de 18 horas en Secundaria.
Precisamente el calendario de aplicación fue una de las principales preocupaciones de los consejeros autonómicos.
Fuentes sindicales apuntaron que el Ejecutivo central quiere que esté lista antes de septiembre, ya que la reducción de la jornada docente y las mejoras en las aulas para la inclusión de alumnado NEE empezarían en el curso 2026-27, según el calendario del anteproyecto.
Durante la tramitación parlamentaria, los sindicatos pedirán a los grupos parlamentarios incluir enmiendas, como que la jornada laboral de los docentes de más de 55 años se reduzca más o que todo el alumnado con algún tipo de necesidad cuente doble, no solo el NEE.
El CEE, que apoyó el anteproyecto, sugirió extender la medida de reducción de la jornada del profesorado a la enseñanza concertada y acelerar el calendario de bajada de ratios para que no se extienda hasta el curso 2031-32, como prevé la normativa.
Tolón defiende la bajada de ratios por su beneficio al alumno
La ministra de Educación, Milagros Tolón, afirmó que la bajada de ratios en las aulas tiene “beneficios” para el alumno y confirmó que el anteproyecto de ley que incluye esta medida incluirá memoria económica.
Tras la Conferencia Sectorial, el Ministerio, según avanzó Tolón, convocará una mesa sindical y, posteriormente, el anteproyecto llegará al Consejo de Ministros para empezar el trámite parlamentario.
“Lo más importante es seguir avanzando. Si nos dicen que paralicemos el anteproyecto (las comunidades), el Gobierno lo tiene claro: Es necesario esta reforma porque lo pide la comunidad educativa”, zanjó.
“Estamos dispuestos a la participación y a tener en cuenta cualquier cuestión que nos puedan plantear. Vamos a ofrecer cualquier ayuda para que las comunidades puedan sentirse atendidas”, puntualizó la ministra.







