El Consejo de Ministros aprueba un decreto para topar precios y evitar abusos después de una catástrofe
Se propone prohibir elevar los costes para que no sean superiores al máximo de los últimos 30 días
El Gobierno aprobó un decreto ley para topar los precios de servicios o productos cuando se produzcan situaciones de emergencia con el fin de evitar subidas abusivas para los consumidores.
El Consejo de Ministros dio luz verde a esta normativa, que deberá ser tramitada por el Parlamento, para situaciones excepcionales donde se puede ver alterada la oferta y la demanda.
Se propone prohibir elevar los precios para que no sean superiores al máximo que hayan tenido los últimos 30 días, ni que superen en un 50% al promedio de ese período.
Con esta medida se busca proteger a los consumidores ante los abusos que se han denunciado tras situaciones excepcionales, como la ocurrida tras el accidente de tren en Adamuz, que provocó un aumento de precios en las aerolíneas, o tras los incendios del pasado verano o la dana de Valencia.
Las situaciones en las que se podrán topar los precios serán aquellas declaradas como de emergencia de protección civil y otras que determine el Consejo de Ministros.
El decreto ley, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y habilita al Gobierno para obligar a los comercializadores a informar al consumidor sobre el precio medio y máximo ofertado en, al menos, los 30 días previos a la situación de emergencia.
La norma permitirá incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes o si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez y siempre y cuando esto no suponga un aumento de márgenes para el operador.
Para bienes o servicios con marcada estacionalidad se puede tomar como referencia el precio del mismo período del año anterior, actualizado conforme al IPC.
Los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio de aplicarse un régimen sancionador.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, recalcó en la rueda de prensa posterior al Consejo, que se trata de “impedir que se pueda hacer caja en situaciones que explotan la vulnerabilidad de la ciudadanía”.
