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Sociedad

La Fiscalía archiva la denuncia por un supuesto borrado de mamografías en Andalucía

Una mujer se somete una mamografía en un hospital de Córdoba
Una mujer se somete una mamografía 
Archivo El Ideal Gallego
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La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) sobre un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al considerar que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos como denunció la entidad.

El fiscal determina que una "avalancha de peticiones" provocó que el sistema dejara de funcionar con normalidad, por lo que considera que el borrado denunciado por la asociación nunca se produjo y nunca hubo delito, según adelanta este martes ABC y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía.

A la denuncia de Amama se sumó posteriormente el Defensor del Paciente asegurando que se habían podido destruir documentos que contenían información confidencial sobre la salud y tratamiento de las afectadas.

Denunciaban la existencia de posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos, daño contra la intimidad y falta de integridad en el ejercicio de la función pública.

Para la Fiscalía, no se ha producido ninguno de esos delitos, por lo que ha decidido archivar las actuaciones, ya que no se han hallado "evidencias directas de manipulación intencionada y que la caída de servidores ha sido fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos".

La Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Sevilla indica en un comunicado emitido este martes que ha analizado los informes técnicos del SAS y las pesquisas de la Unidad de Policía Judicial y ha concluido que este incidente tuvo un impacto exclusivamente operativo en la visualización externa, sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos alojados en los servidores centrales (sistemas PACS y DIRAYA).

Resalta también que los datos clínicos que obran en la historia médica de las denunciantes "son íntegros, auténticos y coincidentes" y "no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos".

Respecto a la denuncia específica de una paciente sobre la supuesta eliminación de un informe de una mamografía y la anulación de una ecografía, la investigación técnica ha descartado cualquier manipulación, según la Fiscalía, que señala que los cambios en la programación de pruebas obedecieron a criterios de gestión clínica y no a una intervención externa o malintencionada.

Al no apreciarse indicios de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 y 198 CP) ni de daños informáticos (art. 264 CP), el Fiscal Delegado de Criminalidad Informática ha acordado el archivo de las actuaciones, agrega el comunicado.

La Fiscalía recuerda que este archivo se ciñe exclusivamente a los delitos objeto de denuncia y no impide que las personas interesadas puedan plantear sus discrepancias sobre retrasos o reprogramación de pruebas o sobre los criterios médicos aplicados ante la jurisdicción competente o por los canales administrativos habilitados.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, presentó el pasado 21 de octubre una denuncia ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, lo negó.

El supuesto borrado, que este colectivo entendía que podría ser constitutivo de delitos como obstrucción a la justicia, fue detectado un par de semanas antes por mujeres que habían acudido a la asociación tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas como Clic Salud o Diraya, y también se habría detectado el cambio nomenclaturas en algunas de ellas, actuaciones que ahora ha rechazado la Fiscalía.

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